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Política

Revocaron los sobreseimientos de seis acusados por lavado vinculados a la causa Vialidad

Después de una semana intensa tras el alegato final del fiscal Diego Luciani, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le tiró un centro al revocar los sobreseimientos por prescripción de seis acusados de lavado de dinero proveniente de los movimientos fraudulentos en las obras públicas obtenidas por las empresas de Lázaro Báez.

El tribunal integrado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Hernán Carbajo aceptó la apelación del Ministerio Público Fiscal sobre los sobreseimientos dispuestos sobre María Julia Cis, Martín Jacobs, Armando Ulled, Graciela Ancarani, Carlos Alberto Di Gianni y Rafael Merlini. De esta manera, se dio de baja la suspensión dispuesta por la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había hecho lugar a los planteos de las defensas.

El mismo tribunal que está a cargo de la causa Hotesur/Los Sauces revocó los sobreseimientos por prescripción de seis acusados de lavado de dinero que habrían participado de una organización delictiva conducida por Lázaro Báez.

A los imputados se les atribuye haber intervenido en una organización delictiva conducida por Báez y Ernesto Clarens, que realizaba sucesivas intermediaciones comerciales y financieras ficticias bajo apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real. Con esa maniobras, se le habría intentado dar "un ropaje de licitud "a más de 500 millones de pesos sustraídos al Estado a través del fraude en la obra pública.

Esa supuesta defraudación contra el tesoro nacional es la que en 2019 comenzó a juzgar el Tribunal Oral Federal 2, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Entre otros, están acusados de dirigir, organizar e integrar una asociación ilícita Cristina Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti.

Todo esto enciende las alarmas sobre lo que podría decidir la Sala I del mismo tribunal en la causa unificada Hotesur/Los Sauces. Los jueces Borinsky, Hornos y Carbajo sostuvieron que la investigación del caso debe agotarse mediante la celebración de un juicio oral, público y contradictorio.

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