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Economía

Yoko, la empresa fantasma acusada de traficar cautelares

Local de Tropea S.A en el shopping de San Justo

A mitad del mes pasado la vicepresidenta Cristina Kirchner denunció por Twitter el alquiler de cautelares que consiguen algunas empresas para "llevarse dólares oficiales del BCRA". Hoy la Inspección General de Justicia (IGJ) acusó a una empresa de marroquinería de realizar esta operación.

El inspector general de justicia, Ricardo Nissen, denunció ante la justicia comercial que Yoko S.A. le alquiló cautelares a Tropea S.A. para que esta última pudiera importar al valor del dólar oficial.

En General Manuel A. Rodríguez 2373 de la Ciudad de Buenos Aires, el domicilio legal de Yoko S.A., una empresa de marroquinería, se encuentra un restaurante de sushi. Y la empresa no presenta estados contables desde 2013. De acuerdo a la IGJ, esta empresa fantasma consiguió una medida cautelar y la transfirió para su uso y beneficio a Tropea S.A..

Los estados contables de la empresa de marroquinería “carecen de toda credibilidad”, según la auditoría de la Inspección. El Juzgado Federal Contencioso Administrativo 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negri, fue el que otorgó la cautelar a esta empresa.

En el domicilio legal de Yoko S.A., una empresa de marroquinería, hay un restaurante de sushi.

La jueza ordenó liberar las mercaderías para poder importarlas sin cumplir con la normativa de la Dirección General de Aduanas, en lo que se refiere al “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones” (SIMI).

La fecha de constitución de Yoko S.A. figura como 1999 con un capital de $ 12.000 que jamás aumentó, cayendo en una “infracapitalización societaria”. Por eso, Nissen solicitó a la oficina judicial de la IGJ denunciar a sus directivos, Marcelo Portnoy y Silvina Cabuli, para que se anule la sociedad.

Mientras que Tropea S.A. informó que tiene una nueva sede, en un depósito de Martínez, provincia de Buenos Aires, donde se llevan a cabo reuniones de directorio y asambleas. También precisó que cuenta con 11 locales y más de 70 empleados. Dicha sociedad también está siendo investigada por la IGJ, que requirió la exhibición de todos sus libros societarios.