La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, que acaba de publicar la encuestadora norteamericana Budget Partnership, midió el nivel de transparencia presupuestaria en 120 países y ubicó a Argentina en el lugar 52°.
La evaluación se realiza a partir de solicitudes de información pública y de bases de datos privados, con más de 200 indicadores divididos en tres ejes: transparencia y acceso a la información; participación en el proceso presupuestario y rol de las instituciones de control o vigilancia.
A nivel regional, nuestro país ocupó los puestos 9, 10 y 11 entre los 18 países de Latinoamérica evaluados, en los tres ejes mencionados. En el único ítem que alcanza un puntaje adecuado (superior a 61/100) en el caso de la vigilancia a cargo de la Auditoría General de la Nación, ocupando el quinto lugar en la región.
Desde que se realiza el estudio en 2006, el puntaje de Argentina nunca llegó a los 61 puntos, considerados como el mínimo para posibilitar un debate público informado. En esta última publicación, el país redujo su “performance”, ya que pasó de 58/100 a 50/100 debido a que, según Budget Partnership, se incorporó menos información que en años anteriores.
De acuerdo al estudio, no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés en el Informe de Avance del presupuesto del Ejecutivo al Congreso de la Nación, mientras que en el Proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores de las políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 ni se mencionó el sitio de datos abiertos.
Precisamente en esta categoría- Objetivos de Desarrollo Sostenible- es donde Argentina obtuvo su peor rendimiento: 15/100. Según los autores de la encuesta, el resultado refleja los grandes desafíos que tiene nuestro país para lograr la transparencia en la toma de decisiones presupuestarias y el uso de los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos.
Desde ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), que participó del trabajo, “tanto en Argentina como en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Solo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios”.
