La Asociación Civil Abogados por la Justicia Social (AJuS) junto a Abuelas de Plaza de Mayo denunció a la Corte Suprema de Justicia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque la apropiación del Consejo de la Magistratura “pone en riesgo el estado de derecho”.
La corte había declarado inconstitucional la ley que sancionó la conformación del Consejo en 2006 y obligó a que una nueva estructura liderada por el propio presidente de la Corte. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron a los integrantes de la corte por la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080.
A la demanda se unieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Según los denunciantes, el fallo "beneficia a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, en regresión a los estándares de independencia e imparcialidad, y en eminentemente abuso de poder".
Y explicaron que la sentencia contra la conformación del Consejo es un camino de debilitamiento en relación a la calidad institucional de la Corte Suprema que se inició en 2015 con la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
A la demanda se unieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina representada, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
