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Columnistas

El trabajo en casas particulares: avances y desafíos pendientes

Por AAIHMEG

Desde los años sesenta, las feministas han señalado los límites androcéntricos del concepto de trabajo que sirve de piedra basal para atribuir un valor a lo que hacemos, tanto en términos económicos como simbólicos. El concepto de trabajo doméstico permitió disputar esa categoría y ampliarla para incluir las actividades que se realizan en los hogares, las más de las veces sin una remuneración a cambio, y que, sin embargo, no solo demandan tiempo y esfuerzo, sino que son indispensables para sostener la vida. 

Ahora bien, para una enorme cantidad de mujeres, el trabajo doméstico no es solo una carga en sus hogares, sino también un empleo. En la Argentina pre-pandemia, el trabajo en casas particulares era la principal ocupación de las mujeres en el mercado de trabajo, con más de 1.400.000 personas empleadas en este sector, la enorme mayoría mujeres. Era, también -sigue siendo-, la ocupación más desprotegida. Aunque desde 2013 el trabajo remunerado en casas particulares está regulado por la Ley 26.844, que extendió el universo de trabajadoras comprendidas por las protecciones laborales e incorporó nuevos derechos a los ya reconocidos, los altos niveles de informalidad limitaron sustantivamente el alcance de la nueva normativa. En 2018, el 76,8% de las trabajadoras no estaban registradas en el sistema de seguridad social, triplicando la media de las mujeres ocupadas (25,2%) y superando marcadamente las de las ocupadas sin calificación (44%). 

La pandemia afectó severamente al sector. Se estima que, entre 2020 y 2021, se perdieron más de 433.000 puestos de trabajo. Esto tiene un impacto considerable sobre el empleo femenino en su conjunto, no solo en términos directos, sino también por el lugar de las trabajadoras de casas particulares en la provisión de cuidado en el hogar de sus empleadores, que permite que las mujeres de sectores medios “liberen” tiempo del trabajo no remunerado para participar del trabajo remunerado. En el primer trimestre de 2021 había 390.000 varones ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior; en cambio, en el mismo período, la cantidad de mujeres ocupadas había descendido en 360.000. La tasa de actividad de las mujeres descendió del 49,4% en el cuarto trimestre de 2019 al 41,2% en el segundo trimestre de 2020, y en el caso de las mujeres que residen en hogares con niños y niñas menores de 6 años es sustantivamente menor, alcanzando el 30,1%.

Registradas es el primer programa del gobierno que incentiva la registración entre los empleadores de ingresos intermedios

Atentos a estos datos, en septiembre de 2021, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación crearon el programa Registradas, que busca promover el acceso y la permanencia en el empleo de las trabajadoras de casas particulares. Registradas es el primer programa que incentiva la registración entre los empleadores de ingresos intermedios: aunque desde 2005 los empleadores que pagan impuesto a las ganancias pueden deducir el valor de los salarios y las cargas sociales de las trabajadoras empleadas en sus hogares, no había programas similares para empleadores de menores ingresos. 

Ahora bien, el programa se focaliza en las relaciones de trabajo de 12 o más horas, cuando las trabajadoras con menor tasa de registración son aquellas que trabajan menos de esa cantidad de horas, y sobre cuyos empleadores recaen, en términos proporcionales, cargas laborales mayores. 4 de cada 10 trabajadoras de casas particulares están subempleadas. El subempleo en el sector depende de la baja demanda, pero también de las dificultades que las trabajadoras tienen para conciliar el trabajo remunerado y el no remunerado que hacen en sus propios hogares. En 2021, el 51% de las trabajadoras de casas particulares eran jefas de hogar, el 63,8% convivía con niños, niñas o adolescentes menores de 17 años, y 8 de cada 10 eran responsables del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus hogares. Esto redunda en jornadas laborales más cortas, que están acompañadas también de ingresos menores

La duración de la jornada laboral semanal es una variable central en términos de la tasa de registración. El porcentaje de acceso a los derechos laborales y de registración se duplica entre aquellas que trabajan 17 horas o más a la semana y más del 80% de quienes están registradas trabaja al menos 17 horas a la semana. Esto obedece, al menos en parte, a que las instituciones del Estado que han buscado incrementar la tasa de regulación han tomado un modelo de relación laboral centrado en la jornada completa para un mismo empleador, que deja a quienes tienen jornadas de trabajo más cortas o trabajan para varios empleadores en una situación de mayor desprotección.

Ahora bien, si la registración es clave en el acceso a los derechos laborales, otros elementos contribuyen a las precarias condiciones laborales del sector. Se trata de un trabajo que supone una alta inespecificidad de las tareas realizadas y que se desarrolla de manera aislada en los hogares de los empleadores. Las condiciones laborales se definen en negociaciones individuales, donde las empleadoras tienen un papel dominante y cuentan con un amplio margen de discrecionalidad. 

El apoyo del estado para la creación de cooperativas de cuidadoras es un modelo que podría ser aplicado a las trabajadoras de casas particulares.

En este sentido, resulta central pensar estrategias que permitan desindividualizar la relación de trabajo. El apoyo del estado para la creación de cooperativas de cuidadoras es un modelo que podría ser aplicado a las trabajadoras de casas particulares, aunque presenta desafíos en términos de las protecciones laborales que brinda. La cooperativización podría contribuir a incrementar la autonomía de las trabajadoras, mejorar salarios y condiciones de trabajo, además de lograr un flujo de trabajo continuo, especialmente para quienes tienen jornadas de trabajo de menos de 16 horas semanales. El fortalecimiento de los sindicatos y de los soportes institucionales también es clave para lograr efectivizar los derechos que legalmente ya alcanzan al sector.  

Texto de Inés Pérez (CONICET/UNMdP) AAIHMEG

Este texto se basa en el informe realizado en el marco de una estancia de Investigación en la Universidad de Columbia, en el marco del programa “Argentine Visiting Studies Fellowships” de FUNDAR.

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