El área de declaraciones juradas fue intervenida luego de que desconocidos ingresaran en la Oficina de Declaraciones Patrimoniales de jueces.
Luego de la intrusión de desconocidos, el Consejo de la Magistratura decidió intervenir el área que custodia las declaraciones patrimoniales de los jueces. La decisión se tomó debido a que los desconocidos revisaron los anexos con información reservada correspondiente a 24 jueces y funcionarios judiciales nacionales.
Entre esos jueces, se encuentran los tres integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner. "El Cuerpo ha resuelto ratificar todo lo actuado por su Presidente y disponer la intervención del área a la que le compete la guarda y registro de las declaraciones juradas", señaló el Consejo.
Dicha intervención está a cargo de Mariano Pérez Roller, el Secretario General del Consejo. De este modo, Roller deberá controlar y comandar la oficina que maneja la información más sensible de los jueces.
También decidieron el traslado de las estructuras de guardado de las declaraciones juradas a otro edificio del Consejo y dispusieron el fortalecimiento de "los sistemas de seguridad que las preservan, a la vez que reconducirlos a las tecnologías vigentes".
El 21 de junio ocurrió el hecho. Ese mismo día, el presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ordenó hacer la denuncia en Comodoro Py y poner toda la información a disposición del juez interviniente, Daniel Rafecas. Esta semana, además, inició un sumario administrativo que la semana pasada dejó en manos del director de Auditoría, José Luis Pivetta.
Entre las declaraciones revisadas se destacan las del juez federal porteño Ariel Lijo y a los camaristas de la Casación Federal Penal Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci. También las de los tres integrantes que están concluyendo el juicio contra la vicepresidenta, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez. En la causa se investiga el presunto direccionamiento de contratos de obra pública hacia empresas de Lázaro Báez.
