El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, ordenó ayer un sumario interno para investigar el supuesto ingreso de desconocidos a una oficina con más de 6 mil expedientes y documentos judiciales sensibles, incluidos los de la causa de Vialidad que involucra a Cristina Kirchner.
El juez pidió el sumario al cuerpo de auditores del Poder Judicial luego de ser informado que el pasado 21 de junio, la responsable de la Oficina de Declaraciones Juradas del Consejo de la Magistratura, María Victoria Pérez Baynozo, denunció un acceso clandestino al lugar durante ese fin de semana largo.
Según consta en la resolución firmada por Rosatti, la encargada de la oficina ubicada en Sarmiento 877 y la agente María Villarreal, encontraron la puerta de ingreso de la cocina abierta, sin llave, pese a que había sido cerrada el jueves previo.
También detectaron que una de las cerraduras de la puerta de acceso hacia el despacho tenía una sola vuelta de llave, cuando debería haber tenido dos, y que el escritorio no se encontraba en las mismas condiciones que había sido dejado. Las funcionarias, sin embargo, no reconocieron objetos faltantes.
A partir de esta información, el magistrado Carlos Matterson ordenó un arqueo para determinar si faltaba alguna documentación. La respuesta, tras el procedimiento, fue que no, pero el juez Rosatti decidió interponer una denuncia ante el Juzgado Federal y se abrió una investigación penal, que quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.
A dos semanas del hecho, la investigación pudo determinar que 33 sobres con declaraciones juradas no estaban en su lugar. De esos, 24 aparecieron “abiertos” y otros 9 fueron “manipulados”.
Cabe señalar que en esa oficina hay más de 6 mil expedientes, con declaraciones públicas y privadas de los jueces. Sin embargo, según informó el medio Infobae, entre los sobres abiertos aparecen los de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci, y los de los jueces del Tribunal Oral Federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que son quienes tienen a su cargo el juicio conocido como de Obra Pública, en el que está imputada, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner.
