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Mundo

Cuatro ministros renunciaron tras el acuerdo para poner fin a las protestas indígenas en Ecuador

El acuerdo para poner fin a las protestas indígenas que se extendieron durante 18 días en Ecuador tuvo un importante costo político para el gobierno de Guillermo Lasso.

En una nota de prensa, la presidencia informó la renuncia de Simón Cuevas (Economía), Ximena Garzón (Salud), Marcelo Cabrera (Transporte y Obras Públicas), y Alejandro Ribadeneira (Educación Superior). Con estas dimisiones, Lasso se ve obligado a reformar su gabinete en un momento crítico para el país.

Lasso "agradece por los leales y valiosos servicios prestados en el ejercicio de sus funciones a las autoridades salientes", señaló la presidencia en el comunicado.

Los motivos de las renuncias

Si bien el comunicado oficial no precisa los motivos de las renuncias de los funcionarios, un vocero de la cartera de Economía señaló a la AFP que la salida de Cueva se debe a una "decisión propia", que fue tomada hace un "par de meses".

En cuanto al área educativa, las clases presenciales no se han recuperado después de la pandemia y Ecuador no cuenta con suficiente presupuesto ni para pupitres. La crisis se extiende al ámbito de la salud, ya que los profesionales de los hospitales se quejan de falta de insumos y pedían que se declarara en estado de emergencia el sistema de salud.

Las protestas en Ecuador

Aunque las protestas por la inflación y la agenda petrolera y minera del Gobierno se han detenido por el acuerdo, la estabilidad es precaria.

Las organizaciones que se manifiestan en las calles se han dado un plazo de 90 días para comprobar si las promesas se están cumpliendo. El Gobierno se comprometió a cambiar varias leyes, pero lo que finalmente ha traído la paz a Ecuador es el compromiso oficial de que las arcas públicas asumirán el coste de 15 centavos de dólar por galón de los tres combustibles de mayor consumo.

Entre las promesas de Lasso destaca la derogación del decreto 95 que permitía recibir inversión privada en las actividades petroleras del Estado y a reformar el decreto 151 sobre la minería. En ese aspecto, atendió la demanda de que se haga siempre una consulta popular antes de comenzar actividad minera en las poblaciones aledañas y restringir este tipo de explotación de recursos en zonas protegidas, territorios ancestrales y en espacios considerados como fuentes de agua. Además, aceptó desactivar el último estado de excepción declarado en cuatro provincias vecinas a Quito un día antes de la paz, precisamente por la falta de expectativa que había hace pocas horas de llegar a un acuerdo.

El conflicto social estaba estancado después de un primer intento de diálogo y Ecuador seguía paralizado, tenso y con una división social cada vez más evidente después de casi tres semanas de marchas, bloqueos de rutas y enfrentamientos con la fuerza pública.