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Dora Barrancos dijo que "hay muchísimos varones que abortan a sus hijos grandes cuando no los atienden"

Dora Barrancos

La socióloga Dora Barrancos comentó el lapidario informe que publicó ayer la Provincia de Buenos Aires, según el cual el 51,2% de las madres separadas no percibe cuota alimentaria, ni el progenitor de sus hijos e hijas cubre otros gastos.

“Hay enorme tolerancia social a esta invalidación de los derechos humanos fundamentales”, dijo la asesora presidencial, y aseguró que al Gobierno no le sorprende una cifra que, según estimó, se queda corta frente a la realidad.

Este estudio se hizo sobre mujeres universitarias que tienen, en general, mayores herramientas para defenderse. Una piensa, entonces, cómo quedan las congéneres que tienen una situación de mayor indefensión”, argumentó entrevistada por Reynaldo Sietecase en La Inmensa Minoría, por Radio Con Vos.

La socióloga aseguró que esta realidad muestra un “zócalo social” en el que se desarticulan completamente los valores de la vida que en otros ámbitos se reclaman como sagrados. Hay muchísimos varones que abortan a sus hijos grandes cuando no los atienden, dijo.

"Es la desarticulación completa de lo que algunos defienden como los valores de la vida"

Barrancos, además, protestó frente a “una verdadera permisividad” con este “ordenamiento patriarcal, que tiene blindaje jurídico”. Y denunció la ineficacia de la vía judicial, marcada por la demora de estos trámites.

Apoyo a Milagro Sala

Dora Barrancos, además, destacó la visita que el presidente Alberto Fernández hizo a Milagro Sala, quien está detenida e internada en un sanatorio de Jujuy. "Ojalá marque un punto de inflexión para su situación", dijo.

La socióloga denunció la persecución jurídica en contra de Sala, de la que acusó al gobernador Gerardo Morales. "Hay una bizarra mentira en la exposición pública que hizo Gerardo Morales, cargándole cosas por las que no tiene ni un atisbo de responsabilidad", dijo.

Por último, le respondió a Juan Grabois quien exigió un indulto presidencial, que es inviable jurídicamente. "La situación es de difícil resolución y no se puede resolver al más alto nivel político por razones contempladas constitucionalmente", explicó.

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