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Columnistas

Cómo lograr que Costantini no reciba subsidios y otros desafíos de la política

El dueño de la empresa Consultatio y del museo Malba vive en Nordelta y paga sumas irrisorias de gas y electricidad.

Entre sus viajes llenos de amor con Elina por las islas Maldivas y los fines de semana en Punta del Este, Eduardo Costantini vive en su casa del barrio cerrado Nordelta, uno de los tantos emprendimientos inmobiliarios que él mismo desarrolló. Allí, paga sumas irrisorias por el consumo de electricidad y gas

Que este hombre, uno de los más ricos de la Argentina, deje de gozar de subsidios del Estado será uno de los objetivos centrales de los aumentos segmentados de las tarifas de los servicios públicos, que el Gobierno está poniendo en marcha tras dos años y medio de idas y vueltas. Cucurucho en la frente: la demora increíble en hacerlo implicó el despilfarro de recursos públicos en disparates distributivos como éste

Lo loco es que para que el dueño de la empresa Consultatio y del museo Malba deje de pagar la boleta subsidiada, habrá que apostar a su buena voluntad: recién le caerán los beneficios una vez que las dependencias públicas detecten que no se anotó para seguir recibiéndolos en el inminente Registro de Acceso a Subsidios Energéticos (RASE), donde se cruzarán sus datos con lo que ya tiene el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys). Un día nos vamos a morir de siglas.

Es en esa web donde -desde los próximos días- quienes ganen menos de 3 canastas básicas y media por hogar (cerca de $ 350 mil pesos cuando se conozca la próxima medición) y no tengan ni tres inmuebles, ni tres autos de menos de 5 años, ni aviones ni embarcaciones ni acciones de empresas, tendrán que anotarse para seguir accediendo a la ayuda oficial y hacer frente a un aumento del orden del 20% ahora en junio, salvo en el caso de que tengan ingresos de menos de una canasta básica o accedan a la tarifa social.

Así, si Costantini no se anota -el Gobierno supone que nadie que sepa que tiene su situación económica lo hará- entonces pasará a pagar en forma gradual el costo pleno de los servicios que recibe

Si fuera un usuario R3, como define la nomenclatura a los que consumen más de 300 kilovatios/hora, y estuviera gastando hoy $ 1900 de luz, el plan del Ministerio de Economía es que recién a fin de año pase a abonar cerca de $ 5800, tras aplicarle subas parciales de a $ 1300 cada dos meses. 

Eduardo Costantini vive en su casa del barrio cerrado Nordelta y paga sumas irrisorias por el consumo de electricidad y gas. 

Al fin de cuentas, se trataría de un 205% de aumento para el Costantini de nuestra nota, un porcentaje que parece grande pero que habla más del delirio del regalo que se le venía dando a los más acaudalados de la pirámide social que de otra cosa. Cuando se le haya pasado a cobrar el servicio full full, no llegará a empardar lo que gasta en una noche de comer afuera de esas que postea en su cuenta de Instagram.

En el otro extremo, un jubilado que gane la mínima de $ 35 mil pesos sí o sí deberá anotarse para mantener su situación actual, por ejemplo, de tener acceso a la tarifa social de luz y gas. 

Si no lo hiciera, por un descuido, porque no entiende cómo hacerlo, porque no tiene nietos o una Elina que lo ayuden, o porque fue a buscar la atención presencial en las oficinas de la Anses o de las empresas distribuidoras y no le dieron bola como prometen que deben darle en esta movida, también se puede dar el caso de que empiece a pagar los incrementos como si fuera Costantini.

Si un jubilado no se anota para recibir la tarifa social, podría empezar a pagar los incrementos como si fuera Costantini.

En ese punto, para cuando se den los pifies de este tipo -el drama más temido por la política que demoró una eternidad la puesta en marcha de los aumentos diferenciales- en la Secretaría de Planeamiento Energético a cargo de Santiago López Osornio aseguran que tienen todas las herramientas para evitar injusticias

Santiago López Osornio es el nuevo subsecretario de Planeamiento Energético  de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía
Plan Guzmán. El ministro de Economía junto a Santiago López Osornio, el encargado de armar el esquema para segmentar las tarifas.

Afirman que se arrogaron por un tiempo la facultad de incluir por default a todos los jubilados y beneficiarios de planes sociales, de manera tal de asegurarse que aunque les tome más tiempo anotarse no pierdan los subsidios. Además, advierten que una vez que reciban las inscripciones, en caso de que hubiera rechazos que generaran nuevos reclamos, van a actuar con el formato de “el cliente siempre tiene la razón”. No bien un usuario avise que le sacaron los fondos por un presunto error, se le tomará el caso como válido mientras se analicen los detalles y se le mantendrá el estado de cosas actual.

En la Secretaría de Planeamiento Energético a cargo de Santiago López Osornio aseguran que tienen todas las herramientas para evitar injusticias

Y luego asumen que deberán dar un debate que incluye verdades y realidades tristes. Por un lado, defender que cualquier incremento menor al costo de vida es en realidad una “baja” en la tarifa en términos reales. Y por otro, admitir que una pareja que junta cerca de $ 400 mil por mes tendrá que hacerse cargo de un aumento pleno como lo hace por caso, con Internet o el cable, en una sociedad en la que la pauperización general la ubica, con esos ingresos, en el mismo lote de los ultra privilegiados, aunque en realidad no lo sea ni ahí.

Volver más lentos

A todo esto, el larguísimo camino hasta la implementación de esta medida es una síntesis de los problemas de funcionamiento de la coalición de gobierno. 

Hubo discusiones ideológicas de fondo. Hubo diagnósticos opuestos sobre qué se hizo mal y qué se hizo bien en los gobiernos kirchneristas anteriores. ¿La energía es un “vector de competitividad” y una forma de “influir en el bolsillo de todos para que haya más consumo”? ¿O se trata de un costo que buena parte de la sociedad tiene que asumir porque implica gastar dólares que no tenemos y su precio debe respaldar inversiones para cuidar las reservas y en definitiva la macroeconomía que si estalla empobrece a todo el mundo? A mí, el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, una de las espadas del cristinismo energético, me dijo hace un año que él en su casa con cuatro hijos pagaba $1241 de gas, y lo consideraba “justo y razonable”.

Obviamente, se desataron internas inverosímiles. En parte porque se arrancaba con esas disidencias estructurales y en parte por posturas propias de la mezquindad de los que no quieren nunca pagar ningún costo político aún a riesgo de llevar todo a una irracionalidad económica sin igual, en un armado de gobierno, claro está, donde el presidente Alberto Fernández nunca había podido imponer hasta ahora un criterio propio. La postal fue aquel 29 de abril de 2021, cuando el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, echó al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por no avanzar con la segmentación pero finalmente su subordinado, alineado con Cristina y Máximo Kirchner, nunca se fue y sigue ahí hasta hoy, e incluso tendrá bastante que ver en la implementación de lo que se está anunciando.

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Última apuesta. Con pocos dólares, la inflación desbocada y aumento en los dólares paralelos, el Gobierno se la juega a enviar señales de orden macroeconómico.

A propósito, el punto de las dificultades técnicas para establecer una forma de cobrarle más tarifa a los más ricos y no tanto a los que llegan justo a fin de mes aparece como una complicación menor y que delata que en realidad los problemas eran políticos, más grosos. Sobre todo por el contraste con la pandemia. Con un mundo que pudo hacer vacunas en tiempo récord e incluso con un gobierno nacional que logró acondicionar terapias intensivas, conseguir respiradores y -mocos al margen- inmunizar a la población en un muy buen ritmo, queda muy en off side que hicieran falta treinta meses para cruzar unas bases de datos y terminar armando un formulario donde la clave es que Costantini y un jubilado se inscriban y el Estado lo chequee.

Queda muy en off side que hicieran falta treinta meses para cruzar unas bases de datos y terminar armando un formulario donde la clave es que Costantini y un jubilado se inscriban y el Estado lo chequee.

De la mano de Guzmán, López Osornio llegó para ocuparse de este tema en septiembre pasado. Con observaciones sobre 18 millones de usuarios de electricidad y 8 millones de usuarios de gas de todo el país, fueron haciendo escenarios de impactos de aumentos de tarifas en distintas estratificaciones de la población. Por ejemplo, cuando trazaron el requisito de cantidad de autos, si dejaban sin subsidios a quienes tenían dos vehículos, descubrieron por esas cosas del parque automotor argentino, que se afectaba al 26% de la población. Por eso hicieron el corte en 3 unidades. Y así con una infinidad de detalles que aún siguen en análisis, con el registro abierto.

Ustedes son muy chicos, pero antes, todo este tema lo habían trabajado entre la subsecretaría de Basualdo y los técnicos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, junto a investigadores del Conicet. Ahí habían arribado a una diferenciación en base a zonas geográficas, que finalmente la gente de Guzmán desechó por inaplicable fuera de la zona metropolitana

Los cruces por lo bajo, mientras tanto, están lejos de terminar. En el cristintismo dicen que ellos arrancaron la segmentación en abril de 2021 (después de que los quisieran echar, digamos todo), pero que para diciembre pasado ya estaba lista y desde entonces es todo problema del ministro de Columbia. Además, los técnicos del kirchnerismo no retroceden ni tranco de pollo. Insisten en que los subsidios no son pro-ricos, porque aseguran que los pobres consumen más electricidad y añaden que la segmentación por ingresos no termina llegando a todos los Costantini de la vida, porque muchos de ellos ni figuran como tarifa residencial, un concepto que no tiene mucho consenso entre otros expertos. No es un dato menor que la discusión persista. Economía descansa en buena parte del monitoreo de la segmentación en ciernes en el control de los organismos reguladores donde da la impresión que no están tan comprometidos.

El debate sin fin, mientras tanto, nos va liquidando de a poco. Basta ver lo que aumentaron los desembolsos en subsidios a la electricidad entre enero y mayo de este año: un 57% más que un año atrás, como muestra la consultora PxQ. La jugada es que ahora se ahorren unos $15 mil millones hasta fin de año pero sobre todo mandar señales de un recorte groso de $100 mil millones el año que viene. El Banco Central, en tanto, con la soja arriba de US$600, no puede juntar dólares porque muchos se le van en la importación de la energía que se despilfarra con las piletas calefaccionadas, otra vez, en Nordelta. 

Y si lo empalmás con una administración que tarda tanto para cobrarle lo que corresponde a Costantini tampoco te sorprende cómo se demora en construir un gasoducto que nos permitiría aprovechar el gas que tenemos pero no podemos transportar. Esta semana se firmó el famoso contrato con Techint para la fabricación de los caños. El 8 de julio se abren los sobres para la obra civil. El titular de Energía Argentina, Agustín Gerez, se la jugó con que para el 20 de junio del 2023 habrá gas circulando por ahí. Antonio Pronsato, que estaba encargado de hacerlo pero renunció, dice que recién estará listo en octubre del año que viene. Casi para el cambio de gobierno. Llegue quien llegue, se frota las manos. Hay chances de que tengan parte de una obra estratégica hecha, y de que exista muy instalado un debate sobre la importancia de pagar más por la luz y el gas que no estaba en 2015.

Los detalles entretienen pero todo forma parte de un nuevo punto de inflexión de la gestión económica, que cruje con los dólares paralelos financieros coqueteando con los $240, y una bocha de vencimientos de deuda en pesos que asustan a más de uno. Aumento de tarifas, suba de tasas de interés y actualización al 62% de la proyección de inflación para el año. Da la impresión de que hay un último intento estabilizador de esta conducción del Frente de Todos. La pregunta, sin embargo, es si todavía tiene espalda y -sobre todo- la credibilidad para conseguirlo.