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Economía

Vicentin: la Corte santafesina desplazó al juez e intervino el proceso

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió ayer desplazar al juez del concurso preventivo de acreedores de la empresa Vicentin, le ordenó remitir las actuaciones para poder expedirse y suspendió todos los plazos procesales, en lo que se conoce como un "avocamiento".

La resolución lleva la firma del presidente del máximo tribunal provincial, Julio Gutiérrez y de la prosecretaria, Fernanda Drago y ordena al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que remita el expediente a la CSJ.

La decisión se produjo semanas después de que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, fuera detenido e imputado.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia santafesina se produjo un par de semanas después de que el presidente de Vicentin, Omar Scarel, fuera detenido e imputado de desobedecer cautelares que prohíben la venta de activos de la empresa.

El miércoles de la semana pasada, el juez Nicolas Foppiani dispuso la libertad de Scarel y le fijó una caución real de medio millón de dólares.

Los acreedores dieron por caída la oferta

Ante la resolución judicial, los acreedores comerciales de la aceitera dieron hoy por caída la oferta de pago realizada por la empresa.

El abogado Gustavo Feldman, quien patrocina a los acreedores comerciales del grupo con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda, afirmó además que la situación del juez civil y comercial de Reconquista es "harto comprometida" y no descartó "que tenga que afrontar alguna imputación penal".

En declaraciones a radio LT9 de Santa Fe, Feldman evaluó que la causa Vicentin "compromete una las pocas actividades estratégicas que tiene el Estado nacional, que es la comercialización de granos a nivel internacional".

Para Feldman, Vicentin contó "con la anuencia y la connivencia a esta altura explícita del juez Lorenzini", a quien consideró "principal responsable del punto al que hemos llegado", y dijo que toleró "que la propuesta (de pago a los acreedores) contenga la inducción a conductas ilegales".

Explicó que la oferta de la empresa inducía a los acreedores a "incurrir en el delito de evasión agravada", al recibir una acreencia sin tributar el Impuesto a las Ganancias.

También acusó a Lorenzini de aceptar que el Grupo liquidara la empresa Emulgrain SA, "que Vicentin quiso vender pero no le autorizaron la venta del paquete accionario, entonces la liquidaron".

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