El juez federal Federico Villena ordenó que se lleve a cabo una inspección en el avión venezolano-iraní, procedimiento que se había suspendido en el día de ayer.
El operativo fue suspendido ayer luego de que se filtrara en los medios de comunicación. El juez lo reactivó en las últimas horas y participan de él tanto personal del Juzgado Federal de Lomas de Zamora como empleados de Boeing, los únicos autorizados para manipular la caja negra.
“La caja negra se va a retirar y analizar, puede grabar hasta 120 minutos y será útil para escuchar los últimos diálogos dentro de la cabina”, dijo un experto. La orden judicial también busca determinar “si hay evidencias que apagó el “transponder”, un sistema que transmite información de la aeronave y su altitud.
De acuerdo a fuentes del Ministerio de Transporte, las autoridades aeronáuticas desmintieron que el avión haya volado con el transponder apagado. “Se ve en flight radar 24 poniendo la matrícula que están todos los recorridos. Y de todas maneras si eso sucediera se activarían todos los protocolos para buscar en caso de que no aparezca en los radares de acá, que es otro sistema al transporte y EANA siempre vio al avión en sus sistemas”, señalaron.
Qué se investiga del avión venezolano-iraní
En el avión de Emtrasur viajaron 5 iraníes y 14 venezolanos. Todos están imputados en la causa judicial, pero todavía no declararon en la Justicia.
La Justicia investiga por estas horas los antecedentes de todos los tripulantes y las condiciones del avión. “Todavía no hay ningún informe concluyente sobre los iraníes”, destacó una fuente de la investigación. Y agregó: “Una de las hipótesis es que vinieron a realizar tareas de inteligencia, no es la única, pero hasta ahora no hay elementos para hablar de una operación terrorista”.
El juez Villena intervino recién el sábado a la mañana a partir de un habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, que luego se corrió de la investigación. El lunes, la fiscal Cecilia Incardona impulsó una investigación donde se acumularon al menos tres denuncias.
Entre otras medidas, el juez Villena envió varios exhortos y ordenó peritar los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes en el Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza. “Algunos aparatos se entregaron a la Policía de la Ciudad y otros a la Policía Federal”, detalló una fuente judicial.
