La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría sobre la gestión de compras del ministerio de Defensa durante el Gobierno de Mauricio Macri que detectó un gasto de casi 14 millones de euros en aviones que no están en condiciones de volar.
El documento de 35 páginas se concentró en las operaciones llevadas a cabo durante el período 2016-2019 bajo la gestión de Óscar Aguad, que celebró varios convenios con el gobierno de Francia para que el Estado Mayor General de la Armada adquiriera cinco aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro (4) buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).
En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”. Incluso, “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”, se enfatizó.
"No se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil. La Marina Francesa había dejado de utilizarlas"
El SEM es un cazabombardero de origen francés lanzado a fines de los ochenta, que la Armada pretendía utilizar en el adiestramiento de pilotos, para cumplir la meta de 300 horas de vuelo anuales y evitar, de alguna forma, el éxodo a la actividad aerocomercial.
Sin embargo, de la auditoría de la SIGEN se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares de la Armada que advertían sobre el estado de los aviones.
En las evaluaciones técnicas se había especificado que, previo a la compra, resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar el funcionamiento de las aeronaves, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.
En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos esenciales tenían origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que, desde 1982, el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país.
Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló además el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.
“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó.
Las aeronaves no se encuentran en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (hoy 37) sin estar operativas desde el momento de su recepción
Pese a todo lo mencionado, el exministro Aguad procedió la compra a Francia “acompañadas con su documentación de seguimiento técnico junto a un lote de piezas de recambio, bancos de prueba, valijas de prueba, equipos de misión, herramientas y un simulador de vuelo”. El precio definitivo de transferencia de todos los materiales –aviones y elementos complementarios- fue de € 12.550.000, efectuado en una única transferencia bancaria.
El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos. Para eso, a través de la Licitación Privada N° 005/17, se tramitó el servicio de transporte puerta a puerta de los cinco aviones más todos los complementos por un total de € 1.346.255, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.
El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.
