El año pasado, la Ciudad de Buenos Aires logró secuestrar un 30 por ciento más de vehículos que en 2019 y detuvo a más de 420 personas gracias al sistema de reconocimiento facial.
El sistema de cámaras de vigilancia nació con la ley que le da sustento y marco normativo, es número 5688, y su modificatoria, Ley Nro. 6395 de la CABA.
Tanto la Ciudad como las empresas prestadoras de los servicios tecnológicos que interactúan en este sistema integral de seguridad son supervisados en sus métodos y auditados en sus procesos por las áreas de transparencia del Gobierno porteño y distintas ONGs.
A principios de abril, Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, ordenó mediante una cautelar que se desconecte el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. Unos días después, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió la recusación del juez.
Cómo funciona
Estos dispositivos que asocian el tipo de cámaras de video vigilancia, son los que en el contexto de un plan estratégico permitieron dar forma a los entornos de seguridad virtual conocidos como “anillos digitales”.
Con esta herramienta, la Ciudad monitorea a todos los vehículos que ingresan y egresan al territorio. Lás cámaras le permiten determinar si los vehículos tienen una orden de captura activa, un pedido de inhibición de tránsito o son producto de un robo reciente.
Además, las soluciones actuales de captura y grabación de video permiten grabar imágenes faciales y compararlas con una precisión increíble. Los puntos característicos en el rostro de un ser humano, como la distancia entre las órbitas oculares o entre la nariz y el mentón permiten al sistema generar la “huella facial” de una determinada persona.
La herramienta nació en abril de 2019, mediante la Resolución Nro. 398 del Ministerio de Justicia y Seguridad. El “Sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP)” empezó funcionando con una base de datos instalada y operativa en el “Sistema de consulta nacional de rebeldías y capturas (CoNaRC), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente, la información se complementa, ante cada consulta efectuada por el sistema, con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), órgano que confronta y valida los datos biométricos de las personas que el sistema detecta.
2.048 personas fueron identificadas y puestas a disposición de la Justicia en el periodo en que ha sido utilizado el sistema de reconocimiento facial de prófugos.
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