El PRO presentó un proyecto de ley que propone la expulsión del país de los delincuentes extranjeros. Fue el vicepresidente del bloque en diputados Gerardo Milman el que defendió la propuesta que busca continuar con un decreto del gobierno de Mauricio Macri, derogado por Alberto Fernández.
“El Estado debe regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común”, expresó Milman en su cuenta de Twitter.
Además detalló que en 2016 las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal "alcanzaban el 21,35% de la población carcelaria total" y esa cifra "subía al 33% entre los detenidos por narcotráfico".
"Con la actual legislación, las órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera pueden demorar hasta siete años. Un plazo sumamente prolongado que va en contra del bien común, la protección de la seguridad y el orden público", completó.
"En 2016 las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal alcanzaban el 21,35% de la población carcelaria total.
La semana pasada 50 hinchas de Deportivo Cali de Colombia fueron detenidos por portar armas blancas y estupefacientes, y por "desobediencia y resistencia a la autoridad. 15 fueron deportados de los cuales cinco tenían un ingreso irregular y el resto residía como turista.
En este marco, Milman sostuvo que "no es la primera vez que actividades delictivas de todo tipo han sido cometidas por ciudadanos extranjeros que poseen diversos estatus migratorios en nuestro país, desde miembros de organizaciones del delito organizado brasileras, como el Primer Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) en nuestra frontera norte como diversas actividades delictivas vinculadas a la clonación de tarjetas de crédito, de bandas dedicadas a las salideras bancarias, robo de vehículos de alta gama, en fin, un sinnúmero de actividades delictivas cometidas en nuestro territorio nacional”.
Por eso consideró "de vital importancia" que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017 promulgado durante el gobierno de Macri y que fue derogado en los primeros días de marzo 2021, "sea establecido como Ley, ya que el Estado Nacional debe velar por el orden internacional y la justicia, y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta contra dicho objetivo”.
Dicho decreto de enero 2017 modificó la Ley de Migraciones y permitía al Estado negar el ingreso y egreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
El proyecto lleva la firma de María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, José Luis Espert y Federico Frigerio, entre otros.
