Hoy se oficializó la renuncia de Sergio Uribarri a la embajada argentina en Israel, presentada después de ser declarado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en cinco causas distintas.
A través del Decreto 287/2022 del Boletín Oficial, que lleva la firma de Alberto Fernández y del canciller, Santiago Cafiero, el Gobierno confirmó que aceptó la dimisión de Urribarri “al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado de Israel, a partir del día siguiente de la publicación” de la normativa y atendió, así, una demanda que venía siendo presentada con fervor por la oposición.
El malestar se acrecentó luego de que Uribarri encabezara en ese país la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en Israel, pese a haber sido condenado el último 7 de abril a ocho años de cárcel y haber sido inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El escándalo cobró dimensión nacional cuando, un mes después de la sentencia por corrupción contra Uribarri, fue removida de su cargo la fiscal que llevó a cabo la investigación en Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, en principio por otra causa, pero con evidentes sospechas de persecución política.
En el documento se aclaró Urribarri será trasladado “desde la Embajada de la República ante el Estado de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” y que “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35” de esa misma cartera.
Incluso Goyeneche deslizó que se trató de “una venganza política” en la que “intervino el actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pero también de un ejercicio de “prevención”, con el fin de “evitar que vuelva a pasar lo de la condena a Urribarri”.
El malestar se acrecentó en la oposición luego de que Uribarri encabezara el acto, pese a su condena, y diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para “promover el juicio político” contra su superior, el canciller Santiago Cafiero.
Encabezados por Fernando Iglesias y Waldo Wolff, diez integrantes de la Cámara de Diputados firmaron el proyecto de resolución para promover el juicio político contra el canciller. Según la nota, dirigida al presidente del recinto, Sergio Massa, lo hicieron "con el objeto de determinar si ha incurrido en la causal de mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que disponen los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional".
