Los implantes subdérmicos, conocidos como chip, son un método anticonceptivo de larga duración que presenta una eficacia del 99,5%. Son varillas de polímeros que se colocan debajo de la piel del brazo y liberan hormonas. Duran de 3 a 5 años, y solo pueden ser insertados y extraídos por un/a profesional.

En Argentina, comenzaron a distribuirse en 2014. Durante los primeros años, se aplicaron gratuitamente a adolescentes que hubieran pasado por un embarazo o un aborto, y que no tuvieran obra social. Actualmente, se han eliminado estos requisitos y desde 2019 forman parte del Programa Médico Obligatorio (PMO). Se accede a ellos gratuitamente en el sistema público de salud y a través de las obras sociales y prepagas.

Se los promociona como tecnologías modernas y que fortalecen la autonomía, pero su historia nos permite dudar si es así.

Aunque continúa siendo uno de los métodos menos elegidos, su uso se expandió en el marco del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia). Generalmente se los promociona como tecnologías modernas y que fortalecen la autonomía, pero su historia nos permite dudar si es así. Fueron diseñados para mujeres de los países pobres y con altos índices de natalidad, y estuvieron en la mira del movimiento feminista desde su etapa de prueba. Hoy, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres resulta relevante pensar en cómo estos dispositivos se traman con nuestra autonomía, pero también con las políticas de población.

El origen de los implantes

Su historia comenzó en 1967, cuando Sheldon Segal y Horacio Croxatto diseñaron el primer dispositivo en los laboratorios del Population Council, una organización privada focalizada en la investigación sobre temas de salud y población financiada por la Fundación Rockefeller. Siete años más tarde, luego de probarlo en animales, realizaron la investigación clínica en Chile, Finlandia, Dinamarca, Brasil, Jamaica y República Dominicana.

El primer desarrollo aprobado para su comercialización, en 1983, fue Norplant, de origen finlandés. La compañía farmacéutica Wyeth-Ayerst obtuvo la licencia como distribuidora en Estados Unidos. Sin embargo, tardó dos años para ofrecerlo directamente a las usuarias debido a que fue utilizado como una herramienta para las políticas de población en los países pobres, destinadas a mujeres de bajos recursos. Al igual que el DIU, no fue diseñado para consumidoras que eligen qué utilizar sino para quienes olvidan tomar las pastillas o no tienen acceso regular a los centros de salud.

Alertas feministas

En la década de 1990, especialmente en el contexto de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, se acordó que la perspectiva de las usuarias debía estar involucrada en el diseño de los métodos contraceptivos. En esos años, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos emprendió campañas contra el inyectable Depo-provera, el DIU Dalkon Shield y Norplant. La Red se creó en 1978, pero adquirió un fuerte impulso a mediados de los ochenta. Nucleaba a numerosas organizaciones de países del norte y del sur. No solo advertía sobre la inseguridad que ofrecían esas tecnologías para la salud de las mujeres sino también sobre su potencial uso abusivo en el marco de políticas antinatalistas y de esterilización masivas.

Los cuestionamientos a Norplant se iniciaron cuando aún estaba en la etapa de prueba. Algunas referentes de dicha Red advirtieron que los reclutamientos de voluntarias se hacían a través de avisos poco éticos, realizaron peticiones y lograron suspender los ensayos en Bangladesh y en Brasil. En 1989, objetaron las pruebas de seguridad y la definición de las alteraciones menstruales y otros efectos como “menores”. Algunas organizaciones pidieron que se prohíba su distribución y otras prefirieron establecer diálogos con la industria farmacéutica y los organismos internacionales. Emprendieron una investigación en varios países y detectaron que en algunos de ellos las mujeres solían tener dificultades para acceder al retiro del implante y se medicaban los cambios en el sangrado con vitamina K. Presentaron recomendaciones que fueron incorporadas por la OMS, como la necesidad de que las usuarias manifiesten su consentimiento por escrito, y que sean informadas sobre los posibles resultados adversos.

En Estados Unidos, Norplant debió enfrentar juicios por los efectos no informados y una campaña de desprestigio que llevó a que la empresa deje de comercializarlo. Sin embargo, organismos internacionales y gobiernos nacionales los han distribuido para disminuir los índices de natalidad. Actualmente se venden otras marcas, pero aun es un método poco difundido. Cuando su distribución se da a través del mercado, se trata de tecnologías restringidas a los sectores medios y altos.

El chip en Argentina

En nuestro país, las usuarias suelen ser adolescentes y jóvenes de los sectores populares que son madres o han abortado. Cuando existían requisitos para recibirlos, las excepciones se otorgaban a mujeres consideradas como pacientes de riesgo por su vulnerabilidad socioeconómica, por sus diagnósticos psiquiátricos, o por tener alguna discapacidad.

La mayoría manifiesta que les provoca alteraciones en la menstruación, jaquecas, dolores en las mamas, hinchazón abdominal, aumento o disminución de peso, acné, falta de deseo sexual y cambios en los estados de ánimo.

Al igual que en otros países subdesarrollados, las usuarias mantienen altos niveles de adherencia. Tal como ha señalado el Ministerio de Salud, sólo el 13,1% de las usuarias se lo quitaron antes de su vencimiento. Este porcentaje resulta llamativo cuando se advierte que la mayoría manifiesta que les provoca alteraciones en la menstruación, jaquecas, dolores en las mamas, hinchazón abdominal, aumento o disminución de peso, acné, falta de deseo sexual y cambios en los estados de ánimo. Y más aún si tenemos en cuenta que en los países desarrollados sólo el 55% de las usuarias sostienen su uso durante los 3 años.

Las investigaciones etnográficas, en centros de salud y con usuarias, explican que esta alta adherencia se explica por las barreras que encuentran las jóvenes para quitarse el implante, pero centralmente por los significados que les atribuyen a esos dispositivos, a sus efectos y al cuerpo femenino. Al tratarse de un método costoso, los/as profesionales intentan que las mujeres desestimen abandonarlos y medican los malestares. Ellas comparten estas lecturas, y además naturalizan los padecimientos porque los asocian a la idea de que sus cuerpos son normalmente hormonales, inestables y con mayor capacidad para atravesar los padecimientos. Y se (re)produce la alternativa que proponía la píldora: malestares pasajeros o un embarazo.

El proceso de diseño del chip también suponía esas ideas. Por esto, resulta relevante conocer la historia de las tecnologías anticonceptivas desde miradas interseccionales, porque portan nociones de género, pero también de clase, de raza y de edad.

Texto de Cecilia Rustoyburu (CONICET/UNMDP/Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género).