El gobierno de Chile decretó anoche la militarización de dos provincias en la región de La Araucanía ante el incremento de la violencia en las reivindicaciones territoriales de comunidades mapuche.
El presidente Gabriel Boric tomó la decisión tras la nula voluntad de diálogo expresada por grupos como la Coordinadora Arauco Malleco, cuyo líder Héctor Llaitul llamó este fin de semana a preparar una “resistencia armada”.
”Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar seguridad a nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción) para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de La Araucanía”, dijo en una rueda de prensa desde la sede de Gobierno.
Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar seguridad a nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia
El gobierno decretó el “estado de excepción” en dos provincias del sur, una medida que durante meses criticó en forma enfática y que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para tratar de apaciguar la creciente violencia en la zona del denominado “conflicto mapuche”.
En La Araucanía, el Biobío y otras regiones del sur existe hace décadas una disputa territorial que enfrenta al Estado con algunas comunidades mapuches y empresas forestales de grandes grupos económicos que explotan tierras con monocultivos madereros.
El 27 de marzo pasado, Boric había ordenado a las Fuerzas Armadas que se retiraran de la zona sur del país, donde permanecían desde hacía seis meses debido a una ola de ataques incendiarios atribuidos a grupos radicales mapuches.
La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucanía y el Biobío, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, había sido ordenada por Piñera el 12 de octubre pasado.
El 15 de marzo, cuatro días después de la asunción de Boric, la ministra Siches visitó la zona y su comitiva fue recibida con un corte de ruta y disparos al aire. La funcionaria fue evacuada por Carabineros. En las últimas semanas, se produjeron hechos de violencia como quema de camiones, disparos y amenazas.
En la última década, la falta de diálogo en la zona y de soluciones a los reclamos por devolución de tierras provocaron una escalada de violencia, con ataques incendiarios a predios privados y camiones, redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa. La dirigencia mapuche denuncia que se organizan operativos policiales para inculpar a indígenas.
Una mayoría de los mapuches vive en la pobreza y sus tierras ancestrales fueron sometidas a una reducción debido a la expansión de la industria maderera, responsable de 8% de las exportaciones, según AFP.
