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Política

La Oficina Anticorrupción denunció el remate de propiedades del Estado durante el macrismo

La Oficina Anticorrupción detectó que el negociado con la venta de terrenos del Estado en subastas armadas también alcanzó al Tribunal de Tasaciones, que bajó precios hasta un 42%.

El organismo había denunciado la venta de siete parcelas en Puerto Madero a precios 30% menores a lo establecido por el Tribunal de Tasaciones. Sin embargo, ahora se descubrió que el tribunal no hacía bien los cálculos, por lo que el margen de beneficio rondaría el 42%.

El organismo que conduce Félix Crous, detectó los mismos mecanismos de subvaluación en otros dos casos que había denunciado: la transferencia de 12 inmuebles al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como contraprestación por las obras del Paseo del Bajo y la de otros bienes estatales para realizar obras de urbanización y apertura de calles en las playas ferroviarias de Palermo y Caballito.

El organismo anticorrupción estableció que para valuar los inmuebles a precios inferiores a los reales, el Tribunal de Tasaciones aplicó, por ejemplo, normas tasatorias incorrectas o usó valores del dólar desactualizados.

Los involucrados

Las denuncias, hasta ahora, se habían enfocado en la actividad de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Macri, entre los que se encontraban Ramón Lanús, extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el exjefe de gabinete Marcos Peña y el exministro del interior, Rogelio Frigerio. Ellos se ocupaban de poner a la venta o dar un destino a los inmuebles de propiedad estatal.

A estos funcionarios se sumaron también el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ministro de Hacienda porteño Martín Mura, que intervinieron en los traspasos de inmuebles en el caso del Paseo del Bajo.

La OA pidió ampliar las investigaciones y analizar el papel del arquitecto Julio Villamonte, presidente de la Sala A del Tribunal de Tasaciones -que depende del Ministerio de Obras Públicas, que habría colaborado con los errores en los cálculos. Los delitos en juego son incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa a la administración pública.

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