“Sepan que ustedes son socios de este gobierno”.
La frase de Alberto Fernández el jueves ante empresarios en el aniversario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa refleja el pensamiento último del Presidente y los suyos respecto de cómo piensa una parte del peronismo el desarrollo del país: una alianza de la política con los empresarios y los sindicatos que promueva más inversiones, más trabajo y mejores salarios, pero bien en ese orden.
Por eso mismo, esa definición explica la distancia con el enfoque al menos discursivo del kirchnerismo más duro -la otra pata de la coalición peronista-. Lo más genuino de ese espacio apuesta primero a la distribución de la riqueza y el poder de compra de los salarios y luego atiende las condiciones para que una empresa genere proyectos y tome personal, con la intervención del Estado en caso de que alguien diga “epa los números no me cierran, che”.
Esa diferencia es la más importante y tangible en el oficialismo por fuera de la histeria entre Alberto y Cristina. Y es también una micromuestra del debate irresuelto de fondo que se olfatea en la Argentina: cómo debe ser la relación del Estado -de la sociedad- con el capital, con el empresario.
Hace años que damos vueltas en eso. Cuánto hay que seducirlo, cuánto se debe culparlo y castigarlo. Cuánto hay que tomar de él a través de impuestos. ¿Son todos ladris? ¿Se trata de héroes que arriesgan en un país samba y dan empleo aún en un mar de incertidumbre? ¿O son especuladores que aprendieron a ganar en la Premier League de la inestabilidad?
¿Son creadores de riqueza porque tienen ideas que mejoran el país con inventos y patentes para insertar talento argentino en el mundo? ¿O son cerdos prebendarios que viven de la protección, los contratos y los favores del Estado?
¿Son los que se la juegan y la ponen por el futuro del país o son una máquina de dolarizar excedentes y esconderse de la lupa de la AFIP?
Lo más probable es que sean un poco de todo eso junto, lo que hace más urgente definir el marco general para ver cómo hacer funcionar la cosa, porque definir la cuestión por lo buena o mala que son las personas en el sistema productivo a la larga no te lleva a ningún lado y potencia los problemas y los kioscos.
Dueños del rumbo
Además, siempre te podes quedar enganchado en cosas como las que revela el trabajo “Los ricos en la Argentina” del Centro de Exobomia Política (CEPA) presentado esta semana en las oficinas de la Asociación Bancaria y decir mafangulo a todo.
Los economistas Julia Strada y Hernán Lechter analizaron 16 familias de altísimo patrimonio en la Argentina y concluyeron que tuvieron un salto en su fortuna personal de antes a después de la pandemia y a su vez, desgranaron las mamushkas de sellos en paraísos fiscales a través de los cuales los verdaderos dueños ocultan que controlan sus compañías. Una costumbre contable que dice mucho de la relación capital y Estado que mencionábamos antes.
¿Son creadores de riqueza porque tienen ideas que mejoran el país con inventos y patentes para insertar talento argentino en el mundo? ¿O son cerdos prebendarios que viven de la protección, los contratos y los favores del Estado?
Según el trabajo, por ejemplo, las Islas Bahamas las usan para anotar sus empresas la familia Blaquier y los herederos de Jorge Brito; Delaware es tierra donde se inscriben los sellos de Federico Braun y Alejandro Bulgheroni, en Luxemburgo en tanto eligen operar Eduardo Eurnekian. Cuando uno mira la familia de Rocca, del Grupo Techint, hay empresas con base en Uruguay, Luxemburgo y Países Bajos.
Es en este punto donde uno se zambulle en el concepto del es lo que hay cuando pensás en un desarrollo capitalista argento. Un tema muy importante ahora. ¿Qué hacés con Techint? ¿Cuánto te vas a enojar por los pagos de sobornos o los lobbys de devaluadores vs. cuánto te podés entusiasmar por los ingenieros argentinos que ahora empezarán a hacer a full en Valentín Alsina los tubos con costura para el bendito gasoducto que traiga el gas de la Patagonia y nos devuelva algo de la soberanía energética perdida?
Mientras daría la impresión de que asoma algún consenso sobre cuanta bola darle al orden macro, falta una definición clara sobre cuánto amor u odio genera el chabón que acumuló capital en este país, y ni qué hablar de que falta una discusión sobre si hay que “querer más” a las pymes o a las grandes compañías, en una narrativa habitual que cubre de un halo cool a la firma más chica, sin que esté claro por qué.
Si prestan atención, estamos hablando siempre de eso. Cuando se analiza cómo promover inversiones. Cuando se debate si hay que cobrar retenciones o un extra especial por renta inesperada. Cuando se opina de inflación y sus variantes de cómo resolverlo o de quién tiene la culpa. Son todos ejes atados a esa cuestión central que tiene una expresión puntual en la interna interminable del Frente de Todos.
Estímulos y sanciones
Algo de esto está ocurriendo con la eterna discusión por la energía. Esta última semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán “el sobreviviente”, habló en foros sobre el yacimiento no convencional de Vaca Muerta.
Ahí otra vez subrayó que planea dar certeza a las empresas que inviertan de que podrán tener menos regulaciones sobre los dólares que generen.
Es decir, les prometió menos cepo, un tratamiento especial para atraer inversiones a un país con todos los recursos naturales y un gran talento en los trabajadores pero al que “nadie le cree”, como dijo Jeffrey Sachs, el economista de la Universidad de Columbia que justo trajo el monje zen del Poder Ejecutivo, Gustavo Beliz, para dar un marco internacional al Consejo Económico y Social.
Casi en simultáneo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que conduce Soledad Manin, quien responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo “el rebelde” que tantas veces quiso desplazar Guzmán, difundió el informe final de la veeduría oficial sobre la distribuidora eléctrica Edesur, por los cortes de luz en el verano pasado.
Diario Con Vos accedió al detalle de las conclusiones del trabajo. Dice que los cortes se produjeron aún cuando la demanda eléctrica fue menor a la prevista en el “plan verano” de la empresa que controla la multinacional Enel; asegura que Edesur decidió recortar personal permanente y sumar contratistas; que los tiempos de atención al cliente llegaron a ser de hasta 48 horas y que hubo una situación de retraso “inadmisible” en responder a los casos de los usuarios electrodependientes, entre otras fallas que -dice el trabajo- no tienen que ver con la cuestión tarifaria.
Como resultado, el ENRE da una serie de recomendaciones e impuso una multa de $ 400 millones. La empresa deberá devolverle a los afectados el equivalente a unos 2000 kilovatios/hora de consumo, unos $ 12.400.
Es cierto, una empresa que funciona mal amerita sanciones, y una petrolera que viene a invertir está bien que se lleve los dólares. El drama es cuando ambas noticias confluyen en una bruma que no deja claro si el país quiere atraer al capital extranjero donde lo necesita o si preferiría estatizar el servicio público de electricidad, o -lo que es más realista- tratar de que funcione a precios de mentira.
