Nilda Lilian Melhem se llama la mujer de 61 años que, a través de un escrito judicial, se puso a disposición de la investigación sobre los afiches injuriosos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Esto luego de que ayer el juez Manuel de Campos ordenara su detención tras escuchar el testimonio del chofer de Uber. Emanuel Montiel, que llevó el dinero con el que se pagó la impresión de los carteles en la imprenta y que la identificó como la persona que lo envió.

Al constatar que desde que se abrió la investigación la mujer no regresó a su domicilio de la comuna de Recoleta, el juez ordenó el allanamiento que se llevó a cabo esta mañana.

La orden dice que “deberá procederse al secuestro de: computadoras, teléfonos, dispositivos de almacenamiento y/o aparatos electrónicos con la mencionada capacidad, como así también cualquier otro objeto de interés para la investigación”.

Nilda Lilian Melhem presentó un escrito firmado por ella, con el patrocinio del abogado Matías Cuneo Libarona, en el que asegura que se sintió aludida por lo que informaron los medios de comunicación y que, por tanto, se ponía a disposición de la justicia para prestar "plena colaboración y concurrencia cada vez que sea citada".

“Tengo infinidad de comprobantes y constancias que acreditan mi arraigo en este país y, específicamente, en esta ciudad. Trabajo y soy el sustento de mi hogar, pese a ostentar la calidad de jubilada, y figurar como monotributista Categoría E. No tengo intenciones de irme del país, ni nada que se le parezca”, aseguró.

Trabajo y soy el sustento de mi hogar, pese a ostentar la calidad de jubilada, y figurar como monotributista Categoría E. No tengo intenciones de irme del país, ni nada que se le parezca.

Tras revisar las redes sociales de la mujer, fuentes judiciales dijeron al medio Infobae que era “poco probable que esta mujer sea la autora ideológica", pero que se debía investigar su rol en los hechos, ya que "el chofer la identificó y dio pruebas”.

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Cabe señalar, además, que con las pruebas que tiene hasta ahora la justicia, se determinó que la impresión de los carteles habría estado a cargo de Francisco Serrano, un empleado de la empresa Vía Graphic que hasta el año pasado trabajaba con la agencia Latin American Communication SA (LATCOM), bajo las órdenes de Valentín Bueno, un publicista cercano a Marcos Peña.