Los ciudadanos de Lima y algunas provincias del interior de Perú desafiaron el toque de queda impuesto por el gobierno de Pedro Castillo, en medio de la profunda crisis que atraviesa el país por el aumento de los combustibles.

A pesar de que Pedro Castillo levantó el toque de queda anunciado el lunes a la noche, ayer las manifestaciones en Lima y distintas provincias del interior se recrudecieron. Los manifestantes atacaron violentamente el Congreso, sedes judiciales y realizaron saqueos a supermercados.

Los manifestantes atacaron violentamente el Congreso, sedes judiciales y realizaron saqueos a supermercados.

Con el antecedente de los levantamientos previos al toque de queda - en los que fallecieron 4 personas y un centenar terminaron heridos- las columnas que ayer por la noche se desplegaron por las calles del centro de Lima, intentaron ingresar al Congreso pero al no conseguirlo arrojaron cascotes y adoquines contra el edificio.

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Según el sociólogo peruano Jaime Hutchins, el sistema económico del país "se ha mantenido bastante sólido", por ejemplo con bonos para el sector público y préstamos para el productivo durante la pandemia,  pero el error de Castillo fue "no haber pensado en los sectores informales".

El error de Castillo fue no haber pensado en los sectores informales.

A su vez , el especialista señaló que el gobierno de Castillo ha sido "hackeado desde el primer momento" por el Parlamento y por los medios de comunicación y destacó que "la derecha se niega a discutir una reforma de la Asamblea Constituyente".

Si bien las protestas comenzaron arengadas por grupos de derecha, luego también se sumaron los sectores populares. Teniendo en cuenta que el litro de gasolina en Perú ascendió a montos de entre 5 y 6 dólares, en varias provincias del interior se registraron manifestaciones que destacaban en sus consignas que no sólo las élites peruanas eran las que protestaban.

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Sin embargo en Huancayo, una de las provincias donde más fuertes fueron los reclamos y donde inclusive hubo enfrentamientos con la policías, varios sectores denunciaron la presencia de infiltrados fujimoristas.

Desde el lunes 28 de marzo el gremio de transportistas de carga pesada inició un paro indefinido en todo el país y, aunque los servicios de inteligencia advirtieron a Castillo que debía solucionar los reclamos de los camioneros para evitar estallidos de violencia social, el presidente ignoró la advertencia.

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