Tras la publicación en el Boletín Oficial de la suba de retenciones en las exportaciones de aceite y harina de soja para destinar lo obtenido en un fideicomiso para subsidiar la harina de las panaderías, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) rechazó la medida y aseguró que la misma “no tiene legalidad y atenta contra la industrialización”.
Luego de los anuncios que realizó ayer el presidente Alberto Fernández y la posterior publicación en el Boletín Oficial de una suba de retenciones en la harina y el aceite de soja del 33% - para destinarlo a un fideicomiso que subsidie la harina que se envía a las panaderías-, CIARA salió a rechazar la medida con un contundente comunicado.
Es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial.
En el mismo, el sector agroindustrial aseguró que esta medida es "una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial", a su vez señaló que quienes salen más perjudicados son las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
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CIARA también analizó que esta suba de las alícuotas en productos procesados "no afectan el índice de inflación" y si "deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo agroexportador del país".
CIARA sugirió otras opciones
Ayer, mediante un video grabado, el presidente comunicó las medidas que encararía el gobierno para “garantizar el pan en la mesa de las argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando ante esta emergencia”.
"En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a los 400 dólares la tonelada", afirmó Fernández como contexto para explicar que su objetivo, con las medidas que anunciaba era "evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas".
El Estado podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites
Al respecto CIARA explicó que el gobierno tenía opciones diferentes al "castigo impositivo" y argumentó: "Entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1330 millones de dólares (fuente Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y podría activar mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables, aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales".
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Como opción opción alternativa sugirieron la apertura de "nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que le podrían reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional esta garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca".
Las empresas afectadas por la medida advirtieron que irán a la Justicia
En el comunicado la organización recordó que el Estado es dueño del 46% del valor de cada barco de aceite de soja exportado y acusaron la ilegalidad del aumento impositivo debido a que "el Poder Ejectivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral".
Las empresas afectadas por la medida analizan acciones judiciales para contrarrestar el Decreto.
Por tal motivo, dejaron explicitado que, las empresas afectadas por la medida analizan acciones judiciales para contrarrestar el Decreto. "Atender la crisis de precios internacionales que impacta sobre la población argentina es una obligación del Estado y de las empresas, pero atacar la industria nacional ajena a esta situación es el peor de los caminos", finalizaron.
