El presidente Alberto Fernández declaró como testigo en Comodoro Py en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, donde la principal acusada es Cristina Kirchner.

Interrogado sobre los montos designados a obra pública y su distribución, Fernández afirmó. “Es una decisión de carácter política no judiciable. Me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”.

Frente a ese planteo el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, le preguntó al Presidente si había un reparto arbitrario en los fondos para la provincia de Santa Cruz, a lo que respondió: “Definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario".

"Me llama la atención que en esta causa se están discutiendo decisiones políticas no judiciables. Esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública nunca fueron arbitrarias”, insistió.

Definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario" que beneficiara a Santa Cruz.

Al analizar los fondos destinados a obra pública mientras él fue jefe de Gabinete, agregó que era "imposible" direccionar "fondos de una Ley de Presupuesto” porque "es la ley más compleja de conseguir".

"Se lo dice alguien que gobierna sin presupuesto hoy”, sentenció el jefe de Estado metiendo un tema de coyuntura en su declaración.

Supuestos beneficios a las empresas de Lázaro Báez

En cuanto a parte de la imputación que refiere a la sustracción de fondos del Estado para ser direccionados a favor de Lázaro Báez, Fernández dijo: "No me consta que eso sea así”.

A continuación, el abogado defensor le preguntó si la gestión kirchnerista había favorecido a la provincia de Santa Cruz con los fondos destinados a la obra pública vial y Fernández lo negó: “Definitivamente eso no ocurrió”, insistió. La acusación fiscal sostiene que la provincia patagónica recibió más del 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional y que el 86% de los contratos volcados allí terminaron en manos de Lázaro Báez.

El Presidente también deslindó de responsabilidades al Ministerio de Planificación Federal que condujo Julio De Vido al señalar que, como organismo, “está lejos de las licitaciones” para refutar que hubo direccionamiento en los contratos que se le adjudicaron al Grupo Austral.

Lo que hacía Néstor, Cristina y también lo hago yo es tener reuniones periódicas para saber cómo evolucionan grandes obras.

Bajo esa misma línea, Beraldi le preguntó si el presidente tenía posibilidad de interferir en una obra pública para favorecer a un grupo o particular específico. “Es imposible conocer el trámite de adjudicación: una presidente puede conocer grandes números, cómo se está ejecutando el presupuesto pero no cómo evoluciona cada obra. Lo que hacía Néstor, Cristina y también lo hago yo es tener reuniones periódicas para saber cómo evolucionan grandes obras”.

En su última pregunta, Beraldi se refirió a la acusación de que Cristina Kirchner encabezó una asociación ilícita que se dedicó a la defraudación del Estado al favorecer a Báez con $ 46.000 millones y le preguntó al ex jefe de Gabinete si él tenía conocimiento de dicha organización. “Definitivamente no”, fue una vez más la respuesta del Presidente.

Después fue el turno del abogado de Baez, quien continuó con la formulación de preguntas y volvió a la imputación con la que se inició el juicio oral, al consultarle a Fernández si conoció que haya habido una decisión para favorecer al dueño del Grupo Austral por parte de los ex presidentes. “Definitivamente no me consta”, fue su respuesta.

Para defender a la vicepresidenta, volvió a referirse a la “imposibilidad de que exista algún favorecimiento para Santa Cruz” y dijo que la obra pública “responde a un criterio político y estratégico de desarrollo”.

Las preguntas del fiscal

Más tarde, y ante las preguntas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani, el jefe de Estado por tercera vez defendió a su vice: “En este caso hay una suerte de fantasía de que dos personas se juntaban y decían ´mandémosle plata a alguien´ y que eso ocurría sin ningún tipo de control. Eso es imposible, por eso me llama la atención este juicio, me llamó la atención cuando leí el requerimiento de acusación contra Cristina”.

Luciani buscó indagar en la figura de Lázaro Báez y Fernández aseguró que no lo conocía. "Lo crucé una sola vez en El Calafate. Nunca más lo vi ni con motivo de mi función ni nada”. En este punto, volvió a referirse al juicio contra la vicepresidente: “recuerdo que en 2005 se hizo una denuncia similar en Santa Cruz y se desestimó, me sorprendió que años después se presentó acá y el mismo caso sí prosperó”.

La cartelización es un acuerdo entre privados para decidir ellos con qué obras y el Estado es víctima de ese acuerdo.

Al avanzar con sus explicaciones, el Presidente realizó una particular lectura sobre la frase del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, cuando se refirió a la cartelización de la obra pública durante la gestión kirchnerista, al señalar que “la cartelización es un acuerdo entre privados para decidir ellos con qué obras se quedan, el Estado no es responsable de ese mecanismo, el Estado es víctima de ese acuerdo entre privados”.

Cuando se le preguntó sobre la relación de Néstor y Cristina Kirchner con Lázaro Báez, el Presidente reiteró: “No conozco a Lázaro Báez, no sé qué vínculos tiene con la gente, no sé qué empresas tiene”. La fiscalía se refirió a los negocios que mantenían y a su vez a las 18 operaciones de compra y venta de propiedades que celebraron mientras el dueño del Grupo Austral se posicionaba como contratista de la obra pública vial.

La llegada de Alberto

En la sala de audiencias de Comodoro Py y ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu e integrado además por Jorge Gorini y Andrés Basso, el presidente de la Nación comenzó a las 9.45 con la declaración indagatoria.

El mandatario llegó en helicóptero a la Casa Rosada desde Olivos y desde allí se dirigió en auto hasta Comodoro Py, donde ingresó a las 9.35 bajo un estricto operativo de seguridad.

La suya es una situación inédita: por primera vez un Presidente declara como testigo en un juicio donde la principal imputada es su compañera de fórmula. Lo hizo por pedido de la propia vice, aunque cuando pidió que declaren sus ex jefes de Gabinete no existía el Frente de Todos y lejos estaba Fernández de ser el principal candidato del espacio.

Pese a tener la posibilidad de hacerlo por escrito, tal como el Código Procesal Penal prevé, el Presidente eligió realizar su descargo de manera presencial.

El jefe de Estado integra el listado de testigos como parte de la su estrategia de defensa de Cristina Kirchner, quien sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública fueron “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que ella no firmó las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado. Su planteo busca desechar lo que se indicó durante la instrucción, cuando la fiscalía a través de una auditoría sostuvo que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con "sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.

Por primera vez un presidente declara como testigo en un juicio donde la principal imputada es su compañera de fórmula.

Ante esa acusación, el principal descargo de la vice indica que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.

Por ese motivo la actual titular del Senado pidió que declaren los ex jefes de Gabinete de sus gobiernos, como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública.

Con esta ronda de testigos irá concluyendo la instancia de declaraciones en el juicio que comenzó en mayo de 2019. Por delante quedarán ampliaciones de indagatorias, alegatos, réplicas y palabras finales hasta conocerse el veredicto del TOF 2.

Ya declaró el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien sostuvo que el Tribunal buscó "utilizar las audiencia con fines electorales", consideró que el juicio "sólo busca criminalizar a la política y a la obra pública" y, abonando la teoría de la vicepresidenta, dijo que con la investigación "se busca desprestigiar a Cristina Kirchner". También Aníbal Fernández, quien calificó la causa de contar con más “fines políticos que jurídicos”.