A un año del femicidio de Úrsula Bahillo (18), asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja Matías Martínez, un policía bonaerense de 26 años que ya fue condenado a prisión perpetua; familiares y amigos marcharán el martes 8 de febrero para reclamar la destitución de dos jueces que, denuncian, desestimaron las acusaciones previas contra el agresor por violencia de género.

“A mi hija la mató un sistema que comprende al juez Marcelo Romero, que si no hubiese pensado en sus vacaciones y hubiese tomado una medida inmediata de detención, hoy Úrsula estaría viva”, aseguró a la agencia de noticias Télam Patricia Nasutti, madre de la víctima.

Nasutti también apuntó contra el Juez de Paz Luciano Callegari. “Si hubiese escuchado las denuncias que le hice al ex novio de mi hija, que rompía las perimetrales, hoy sería otro tema”, agregó la mujer que, este martes, encabezará una concentración en la plaza principal de Rojas, y luego participará de una misa.

Si bien el al autor del crimen de Úrsula, ya fue condenado, la familia Bahillo espera que se actúe con los jueces que, denuncian, no hicieron lugar a las advertencias previas por la violencia de género que sufría la joven por parte de su ex pareja.

El reclamo de la familia

El reclamo se centra en Romero, subrogante del Juzgado N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, y en el Juez de Paz de Rojas Callegari. Sobre este último, según precisó Télam, pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), por considerar que “el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes en relación a las denuncias contra quien terminó siendo el femicida de Úrsula Bahillo”.

“En estos momentos donde los femicidios se incrementan año tras año, la Justicia debe garantizar procesos rápidos y eficientes. Es por eso que, para nosotros, quedó claro que el juez no defendió a la víctima, demoró en dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, aseguró Walter Martello, defensor adjunto bonaerense.

El mail con la orden de dar un botón antipánico firmado por el juez de Paz llegó un día después del crimen de mi hija.

Úrsula había denunciado en 18 ocasiones a su ex novio, la última vez fue tres días antes de ser asesinada. En esa oportunidad dijo que Martínez la había amenazado de muerte cuando caminaba por Rojas, por lo que necesitaba un botón antipánico. “El mail con la orden de dar un botón antipánico firmado por el juez de Paz llegó un día después del crimen de mi hija”, recordó Patricia, quien, en su reclamo de Justicia, también pidió que se investigue por asociación ilícita a la Policía de Rojas y al Municipio, a quienes calificó de “cómplices”.

“Martínez es un psicópata (...), (Sergio) Berni -el ministro de Seguridad bonaerense- tiene que revisar las carpetas psiquiátricas de los policías. La Municipalidad tiene que tener un abordaje ante la cantidad denuncias de violencia de género”, expresó la mujer.

El crimen

Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas.

El femicidio fue descubierto tras una alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.

La causa fue instruida por el fiscal Sergio Terrón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín.