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Sociedad

Una inmobiliaria local intentó desalojar a integrantes de una comunidad indígena en Jujuy

El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a otras organizaciones del sector y agrupaciones sociales rechazaron la represión que vivieron esta mañana en Jujuy con la que se buscó desalojar a los comuneros que viven en el territorio. Además, denunciaron que una de sus integrantes, Rosa Gutiérrez, fue detenida por intervenir ante la intromisión "ilegal" de una inmobiliaria local.

En las tierras de la Comunidad Tusca Pacha, al sur de Jujuy se vivió un violento desalojo esta mañana cuando al menos cinco maquinarias avanzaron sobre huertas comunitarias de una familia que vive allí hace más de 50 años. Se trata de un nuevo avance de la empresa inmobiliaria Sucre "propiedad de las familias González y Gronda, conocidos amigos del poder provincial" ,que sigue avanzando incumpliendo los protocolos y leyes vigentes establecidos para evitar desalojos de la comunidad.

"Con la misma orden de desalojo que despojó a la Comunidad de cerca de 2 hectáreas en octubre de 2020, el cuestionado Fiscal Walter Hugo Rondón manda a dar continuidad al desalojo con "acompañamiento" de más de 50 efectivos policiales para cuidar los trabajos de la empresa, destrozando las huertas comunitarias en inmediaciones de la vivienda de una familia de adultos mayores miembros de la comunidad", detallaron.

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Por "poner el cuerpo" a este avance, Rosa Gutierrez, fue "expuesta a múltiples discriminaciones e inmediatamente detenida y mal tratada por agentes policiales” según denuncian desde la comunidad.

“Es la segunda vez que a la compañera Rosa Gutiérrez se la llevan detenida. ¿Por qué?. Por ser mujer, por ser indígena y defender el derecho Comunitario al territorio de la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos de Palpalá, perteneciente al Pueblo Kolla de Jujuy y al Movimiento Nacional Campesino e Indígena Vía Campesina (MNCI VC)”, expusieron las organizaciones en un comunicado de prensa.

El desalojo se trata de un nuevo avance de la empresa inmobiliaria Sucre "propiedad de las familias González y Gronda, conocidos amigos del poder provincial.

Aunque Rosa Gutierrez fue puesta en libertad por la tarde, ahora enfrenta una imputación por parte de la justicia local por daños contra la empresa. Las organizaciones sociales aclararon además que "se mantiene una guardia policial en el territorio" y convocaron a la sociedad "a solidarizarse con la defensa de los derechos indígenas violados".

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