Por mayoría, la Cámara Federal porteña convalidó la versión de que no hubo una estructura dedicada al espionaje ilegal sino que existió cuentapropismo. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron el procesamiento del exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, pero dejaron procesada a Silvia Majdalani por presunto "incumplimiento de deberes".

La Cámara Federal porteña revocó los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Lo mismo hicieron para con otra veintena de imputados en la causa, al considerar no probada aún la existencia de una asociación ilícita.

Llorens y Bertuzzi entendieron que no hubo “un plan sistemático organizado desde las más altas estructuras del gobierno para espiar a opositores, políticos, periodistas y otras personalidades”, como se postuló en la acusación.

No hubo un plan sistemático organizado desde las más altas estructuras del gobierno para espiar a opositores, políticos, periodistas y otras personalidades”, dijeron Llorens y Bertuzzi.

El Tribunal de Apelaciones sí confirmó los procesamientos de un grupo de ex agentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25.520, en relación a maniobras de espionaje ilegal. Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.

Espionaje a detenidos y al Instituto Patria

En los casos concretos del espionaje al Instituto Patria y la casa de la querellante vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, los jueces concluyeron que no hubo delito porque se actuó “con orden judicial”.

Los camaristas establecieron que todos los planteos de nulidad sean resueltos primero por Martínez De Giorgi y desestimaron un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa, para enviar la investigación a otro juzgado, el federal 5.

Los jueces concluyeron que no hubo delito porque se actuó “con orden judicial”.

En cuanto al espionaje ilegal a detenidos en causas por supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el voto mayoritario consignó que esas “tareas de seguimientos y observación” en algunos casos contaban con orden judicial y en otros estuvieron justificados por “seguridad interna”.

También se revocó el procesamiento y se dejó con falta de mérito al ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, entre otros beneficiados con esta decisión como la exfuncionaria de Presidencia, Susana Martinengo.

Majdalani procesada por "incumplimiento de deberes"

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Silvia Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal.

La Cámara dio por probado que hubo un grupo de agentes de la AFI, cuyos procesamientos quedaron confirmados por violación a la Ley de Inteligencia,  actuó por “intereses personales” y usó “recursos” del Estado de manera ilegal. Este grupo de miembros de la AFI conformados por ex integrantes de la Policía Metropolitana, abogados y algunos miembros del Servicio Penitenciario Federal reunía información ilegal para extorsionar o intimidar a sus víctimas.

Todos ellos dependían de “manera directa” de Majdalani, quien según la Cámara omitió controlarlos y por eso quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes”.

A Majdalani, se le redujo el embargo a 4 millones de pesos al dejarla procesada por presunto incumplimiento de deberes pero con falta de mérito en relación al delito de “asociación ilícita”.

Las decisiones podrán ser apeladas ante la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal federal del país.