Las víctimas son dos jóvenes varones y una pareja que vivió con su bebé de un año en un colectivo abandonado en el predio rural. Nunca recibieron un pago y la labor sobrepasaba las horas dispuestas en la ley de trabajo agrario.

Tras una investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, dictó el procesamiento por el delito de trata de personas contra una pareja de productores agropecuarios y un abogado que tenían a su cargo la explotación de un campo ganadero en la zona de Sierra de los Padres.

Las tres personas acusadas fueron procesadas por el delito –agravado- de trata de personas con fines de explotación laboral y con el objeto de reducir o mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud o servidumbre. El productor agropecuario, además, está acusado del delito de coacción agravada, lesiones leves agravadas y lesiones leves y daño.

Además, el juez dispuso un embargo preventivo de 5 millones de pesos sobre cada procesado/a, al contemplar el costo estimativo a calcularse por cada una de las víctimas en concepto de salarios no abonados e indemnizaciones.

Las tres personas acusadas fueron procesadas por el delito –agravado- de trata de personas con fines de explotación laboral y con el objeto de reducir o mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud o servidumbre.

A raíz de la intervención del Programa de Rescate, se conoció que, tras escaparse del lugar, las víctimas habrían sido amenazadas y se les habría ofrecido un millón de pesos para “retirar la denuncia” a través de un llamado anónimo.

A partir de la entrevista que tuvieron las víctimas con las profesionales, el juez contempló que “quedó al descubierto el complejo contexto socio-económico que atraviesan las víctimas de autos y la extrema situación de vulnerabilidad que padecían, en forma previa a comenzar a prestar tareas y mudarse al establecimiento rural investigado”.

En el allanamiento se encontró el contrato del campo de más de 400 hectáreas, suscripto por la mujer y el abogado procesados. Ambos, en su carácter de responsables, administradores y/o explotadores del lugar, fueron citados a prestar declaración indagatoria.

Las víctimas no cobraban ningún sueldo y vivían en un colectivo

De acuerdo a lo que surge de la investigación, Inchausti describió que la vivienda de las víctimas era "un colectivo ubicado en la finca, al que le habían extraído los asientos para acondicionarlo como vivienda, conformando así un único habitáculo, y carecía de servicios básicos como luz, agua o gas".

De acuerdo a su relato, el agua se filtraba y no tenían modo de calefaccionar el habitáculo; muchas de las ventanas estaban rotas y cubiertas con plásticos, y la puerta de ingreso al vehículo no cerraba. Tenían que trabarla desde adentro con un palo. El baño contaba con un inodoro y no tenía ducha ni agua caliente para higienizarse. Para bañarse debían calentar agua a gas o leña en un recipiente.

A su vez, el juez tuvo en cuenta “la gran diferencia existente entre las condiciones de trabajo pautadas por los trabajadores y los valores estipulados para el salario mínimo, vital y móvil –sin que las víctimas hayan percibido ningún tipo de remuneración-; las extensas jornadas laborales soportadas por las víctimas y sin francos, vacaciones ni cobro de horas extras; las condiciones pautadas que nunca fueron cumplimentadas, siendo las mismas impuestas por los imputados en forma arbitraria sin ningún control de los trabajadores; la clandestinidad de la relación laboral, en virtud de la falta de registración ante los organismos de contralor y la falta de movilidad”.