El Gobierno hará efectiva la obligación para las empresas de contar con guarderías para sus trabajadores con hijos en sus primeros años de vida. Lo hará la semana que viene mediante la reglamentación de la ley de Contrato de Trabajo en el capítulo que les impone a los empleadores contar con salas específicas para el cuidado y la lactancia de los menores y que está pendiente desde hace más de 47 años.
El detalle de la norma quedó a cargo del Ministerio de Trabajo, que deberá resolver en los próximos días a partir de qué número de empleados la compañía quedará alcanzada por la obligación, hasta qué edad los infantes podrán ser amparados por el beneficio y si finalmente podrán mantenerse las compensaciones dinerarias que desde la sanción de la ley fueron más frecuentes en el rubro.
Una vez concretada será la primera reglamentación de la ley 20.744 en toda su existencia, desde su sanción en 1974. La administración de Alberto Fernández debió encararla a partir de un fallo de la Corte Suprema de octubre pasado que obligó al Estado a regularizar el artículo 179 de la norma para hacer efectivo su cumplimiento en respuesta a una demanda presentada en 2015 por alumnos de la carrera de Abogacía de la Clínica Jurídica de la Universidad Austral.
Qué dice el artículo y cómo fue la demanda
El artículo 179 establece en un párrafo breve que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período no superior a un año posterior a la fecha del nacimiento” a no ser que la prescripción médica indique un plazo mayor, y añade: “En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”.
Sobre esa norma los alumnos de la Universidad Austral presentaron una demanda para que se hiciera efectivo el derecho consagrado en la ley. En primera instancia la Justicia laboral rechazó el amparo pero la Cámara del fuero les dio la razón a los denunciantes en 2017 y emplazó al Ejecutivo para que reglamentase el artículo. Ese mismo año el gobierno de Mauricio Macri apeló mediante un recurso extraordinario a la Corte Suprema. Recién en octubre de este año el máximo tribunal se pronunció a favor de los amparistas de manera unánime: fue en el denominado “fallo Etcheverry” con el voto de Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, los pronunciamientos concurrentes de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y el de Horacio Rosatti, con criterio propio.
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