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Sociedad

"Home office": autorizaron a un preso a trabajar online desde la cárcel de Devoto

Un interno que cumple condena en el penal de Villa Devoto podrá trabajar para una empresa privada desde la unidad carcelaria. La jueza ordenó que el Servicio Penitenciario Federal le provea al condenado conexión a internet estable y le asigne un lugar adecuado para trabajar.

El preso recibió un permiso para realizar tareas en relación de dependencia para una firma editorial que provee de herramientas jurídicas para abogados y entidades públicas y privadas vinculadas a la actividad judicial. La autorización fue otorgada por la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nro. 5, María Jimena Monsalve, a partir de un pedido hecho por la defensa pública oficial.

Un preso que cumple condena en el penal de Villa Devoto podrá trabajar para una empresa privada desde la cárcel. Le entregarán una computadora, un teléfono y un espacio propio para llevar adelante sus tareas.

"Es un caso sumamente excepcional, en el que un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado", dijo Federico D’Ottavio, encargado de la Unidad de Letrados Móviles N°2 que realizó el pedido ante los Jueces Nacionales de Ejecución Penal. Además, remarcó la necesidad de arbitrar los medios para no frustrar esta posibilidad de inclusión laboral dentro de prisión.

El Servicio Penitenciario Federal deberá ahora suministrar al condenado una conexión a internet estable y además coordinar con el personal de la empresa que contrató al interno la entrega de una computadora y un teléfono fijo para que pueda realizar sus tareas laborales. La jueza también ordenó que las autoridades del penal deberán habilitar un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria. Monsalve dispuso además que el Servicio Penitenciario deberá asignarle un espacio adecuado dentro de la unidad carcelaria para que el preso pueda montar "su oficina".

En su resolución, la jueza hizo referencia a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos -conocidas como Reglas Mandela- que, en relación al trabajo de los detenidos, entre otras cosas, señalan que la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento para preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.

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Entre otros argumentos, la jueza Monsalve destacó el "bajo porcentaje de acceso al empleo que arroja el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2020″ y que "el 47% de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso a la detención no tenía ni oficio ni profesión. Además la magistrada hizo mención en su resolución que el 64 % actualmente no accede a trabajo remunerado y el 89 % no participó de algún programa de capacitación laboral.