La investigación de lo que se conoció como el “vacunatorio VIP” continua dando tela para cortar. Esta vez, la apuntada es la ministra de Salud, Carla Vizzotti. ¿Por qué? Por ser la segunda del exfuncionario Ginés González García cuando fue desplazado por este mismo caso. El fiscal Eduardo Taiano, que tiene ahora delegada la investigación, le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti una serie de medidas de prueba para esclarecer el rol de la titular de la cartera sanitaria.
De acuerdo a la acusación, “teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de gestión administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de equidad en salud) y Arnaldo Darío Medina (secretario de calidad en Salud), por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el Covid que debían asignarse y suministrarse”.
La ministra Vizzotti sigue sin ser imputada en el expediente. Sin embargo, confirmaron que la investigación apunta a esclarecer su rol en este escándalo. Los padres de Vizzotti, Carlos Alberto Vizzotti (médico retirado de 77 años) y su esposa Silvia Manteca Acosta (ama de casa de 74), habían recibido la vacuna el 18 de febrero en una escuela de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar: ambos fueron denunciados.
La jueza Capuchetti remitió la denuncia a la justicia federal de San Martín, pero el caso regresó a Comodoro Py. Y fue precisamente el capítulo de los padres de Vizzotti lo que fijó quienes serían los jueces que, en agosto, decidirían ordenar que esta causa no podía cerrarse.
Los detalles del vacunatorio VIP
Los imputados en marzo pasado por el fiscal del caso Eduardo Taiano fueron el ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli.
Además se imputó a a Alejandro Collia y Marcelo Guillé, secretario privado de González García quien realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.
La causa se inició en febrero pasado. Fue luego de que -según consta en la resolución- el periodista Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud. ¿Cuándo? Tras un llamado al ex ministro González García.
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Esto implicó la apertura de la investigación. Es para esclarecer si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron vacunados. El 8 de julio pasado, Capuchetti decidió archivar parcial del caso. Fue tras afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público”.
El 30 de agosto pasado, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada. Se dispuso que la jueza debía profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad.
También que se investigara penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas. A la vez, incluyeron saber qué pasó con las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate. Conocida la decisión, la jueza delegó la investigación en el fiscal Taiano.
