El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, se encuentra juntando pruebas para definir el procesamiento de Mauricio Macri. ¿Por qué causa? La de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan.
Bava recibió un fuerte respaldo el jueves pasado desde la Cámara Federal de Mar del Plata cuando se rechazó la recusación en su contra que había motorizado el expresidente. El juez analiza las declaraciones que pidió la defensa de Macri, entre las que aparecen las consultas a la denunciante e interventora de la central de espías Cristina Camaño sobre el rol de la AFI en la seguridad presidencial.
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Además, mandó a pedir, de motu propio, el detalle de las reuniones que tuvieron los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani con el exmandatario en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada entre fines de 2017 y fines de 2018.
El pedido de traslado a Comodoro Py de Macri
El mismo jueves en que en Mar del Plata rechazaban apartar a Bava del expediente por prejuzgamiento, en Buenos Aires, la defensa de Macri insistía en obtener respuesta a la base a un planteo que aún no fue resuelto: que Comodoro Py reclame el pase de la causa a los tribunales de Retiro. La decisión está en manos del juez Martín Irurzun, quien ya dijo a fines de 2020 que esa causa pertenece a la justicia federal porteña.
“Es un absurdo, dentro de tantos, suponer una hipótesis como la que se pretende construir consistente en que un Presidente de la Nación puede ordenar y posibilitar la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley, dar ordenes, recibir y utilizar información elaborada por la AFI, impartir directivas o destinar recursos y que para su investigación resulte competente la justicia federal de Dolores provincia de Buenos Aires”, sostuvo el abogado de Macri, Pablo Lanusse.
Además, afirmó: “Sólo con recordar dónde se encuentra la Casa Rosada alcanza para desarticular este absurdo, y para reconocer que cualquier conducta de un Presidente que se quiera investigar deberá serlo ante la jurisdicción de la CABA”.
Por eso Lanusse pidió a la Cámara Federal porteña que revoque una decisión tomada por el 2 de noviembre pasado por el juez federal Ariel Lijo, en sintonía con el fiscal Franco Picardi.
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