El juez Luis Rodríguez procesó a Claudio Lamalfa, extesorero de la Televisión Pública, junto a cuatro exdirectivos por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario. Les impuso un embargo de 5 millones de pesos. Los cinco procesados retiraron 11,4 millones de pesos en efectivo, en bolsas, de forma irregular. A su vez, Rodríguez procesó a una proveedora, externa a la organización de la TV Pública.
La causa está caratulada como "Lufrano, Rosario, sobre incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos". Sin embargo, Rodríguez no procesó a Lufrano, quien preside la empresa estatal RTA, que administra la TV Pública, el Canal 12, y las diversas radios del estado nacional. Aparentemente el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo del caso, opina que el directorio de RTA sufrió un engaño por parte de los gerentes de la TV Pública.

La denuncia la presentaron Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira, quienes apuntaron contra Lufrano. Esta, por su parte, presentó otra denuncia contra los gerentes del canal público. Por la causa, el juez procesó a Guillermo Maira, Ernesto Molinero, Alejandro De la Torre, Ariel Berliner, Claudio Lamalfa y Adriana Maestri.
De los 11,4 millones que se retiraron en efectivo, la justicia recuperó 8,1 millones. De los 3,3 restantes se presentaron comprobantes que, según el fiscal Pollicita, "fueron realizaos a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados". Las penas por este delito pueden llegar a los 6 años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.