Unos 52 concejales y funcionarios de todos los partidos políticos en Salta fueron procesados y algunos condenados a penas de prisión en suspenso tras descubrirse que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional otorgó en el momento más duro de la pandemia de coronavirus para asistir a los sectores más vulnerables.
Ernesto Tenembaum conversó en Radio Con Vos con el periodista salteño Nahuel Toledo, quien informó que el escándalo se destapó tras "una investigación periodística y judicial, que determinaron que habían funcionarios públicos de más de 20 localidades de la provincia que habían cobrado el beneficio. Sin ninguna distinción partidaria, eran de todos lados. 24 de estos concejales lograron cobrarlo", relató.
Entre los involucrados figuran el intendente de la ciudad salteña de El Quebrachal, Rolando Rodolfo Rojas; el diputado provincial por Santa Victoria Oeste, Osbaldo Francisco Acosta; y el ex gerente de la ANSeS Fabio Vera Ramires, quien se desempeñaba como asesor en la Cámara de Senadores bonaerense cuando cobró el IFE.
Funcionarios públicos de más de 20 localidades de la provincia que habían cobrado el beneficio. Sin ninguna distinción partidaria, eran de todos lados. 24 de estos concejales lograron cobrarlo.
Para no ir a juicio, los funcionarios públicos hicieron acuerdos judiciales que incluyeron devolver el dinero el cobrado, unos 1.400.000 de pesos; donar el equivalente a dos meses de salarios; hacer trabajos comunitarios; y no poder presentarse a elecciones.
Toledo contó que entre los imputados se presentaron "argumentos múltiples y si se quiere hasta graciosos. Muchos aseguraron que no tuvieron la intención de quedarse con esa plata, que se habían anotado para ayudar a otras personas. Que trataron de hacer una ayuda social. Otros dijeron que ese dinero lo donaron a comedores o instituciones benéficas".
Muchos aseguraron que no tuvieron la intención de quedarse con esa plata, que se habían anotado para ayudar a otras personas. Que trataron de hacer una ayuda social.
El periodista salteño informó de una investigación paralela que "se abrió por las declaraciones de 3 directores que fueron condenados a inhabilitación perpetua, que dijeron que tuvieron que postular porque debían derivar un 20% de lo cobrado a La Cámpora".
La jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, y el fiscal federal Ricardo Toranzos tuvieron a cargo la causa.
Según fuentes judiciales, al momento de presentar el caso el fiscal destacó que la investigación se inició como consecuencia de informes periodísticos difundidos en de julio del año pasado, que daban cuenta de la posible defraudación al Estado Nacional cometida por funcionarios públicos.
Estos son los concejales que cobraron el IFE
Guillermo Alemán y Antonieta Ordóñez (Aguaray)
Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza (Salvador Mazza)
Héctor Barraza, Marta López y Analía Leal (Orán)
Iván Basterra (Pichanal)
Paula Brete (General Pizarro)
Silvia Concha y Paola Cantarella (Hipólito Iirigoyen)
Juan Dávila y Noemí Egüe (Embarcación)
Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Stella Maris Pérez (General Güemes)
Guillermo Gutiérrez (Las Lajitas)
Norberto López (Seclantás)
Maribel López (Santa Victoria Este)
Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez (Cachi)
Francisco Pereyra, Santos Palma y María del Valle Torres (Rivadavia Banda Norte)
Walter Raposo (Chicoana)
Marcos Rosas (Rosario de Lerma)
Carlos Sánchez (El Potrero)
Daniel Tilca (Vaqueros)
Mónica González y José Reynaga (San Lorenzo)
Luis Coronel (El Carril)
Marcelo Segundo (El Bordo)
Héctor Cari (Guachipas)
Daniel Casimiro (La Poma)
Franco Córdoba (San Antonio de los Cobres)
Raquel Gerez (Río Piedras)
Gabriela Cazón (Aguas Blancas)
Leandro Gerónimo (Payogasta)
Ricardo Díaz y Antonio Benítez (Santa Rosa)
Jesús Cuellar (Urundel)
Nicolasa Maras (Los Toldos)
Ludmila Borujow, Héctor Fernández y Nilda Rojas (Quebrachal9
Héctor Chauqui (Angastaco)
Julio Laxi (Animaná)
Visitación Mónica Juárez (Rivadavia Banda Sur)
Nancy Quiroga (Santa Victoria Oeste)
La sospecha de irregularidades surgió después del entrecruzamiento de información de la página de ANSeS con los datos personales de funcionarios electos, la mayoría de ellos concejales, quienes habrían iniciado el trámite para el cobro del IFE, el beneficio creado para ayudar económicamente a los sectores más vulnerables frente a la situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia.
Se estima que unos 13 millones de argentinos se había postulado para cobrar el IFE, que alcanzó, finalmente, a 8,9 millones.
Según Toledo, los hechos no tuvieron mayores repercusiones en las últimas PASO: "En Salta veníamos de tener un nuevo gobierno provincial con Gustavo Sáenz. Muchos de los directivos involucrados son funcionarios nuevos. Pero en las elecciones hubo un amplio apoyo al oficialismo provincial. No hubo voto castigo".
