En Julio pasado, la Justicia condenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a la Prefectura Naval Argentina como corresponsables por lo ocurrido. Mientras tanto, y desde el momento en el que cometió los asesinatos, Rafael Juniors Solich continúa institucionalizado y su familia se mantiene aislada.
La titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca María Gabriela Marrón condenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y a la Prefectura Naval Argentina como corresponsables por lo ocurrido. Tras el dictamen condenatorio de primera instancia, la causa espera ahora el veredicto de la Cámara de Apelaciones Federal de Bahía Blanca debido a que la provincia apeló la resolución e insistió en la idea de que el hecho no pudo haberse evitado.
El 28 de septiembre de 2004 Rafael Juniors Solich mató con una Browning 9 milímetros ( que le había quitado a su padre agente de Prefectura) a Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda e hirió a Natalia Salomón, Cintia Casasola, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías y Rodrigo Torres.
La masacre fue en la Escuela de Enseñanza Media 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones en el Sur bonaerense.
Diecisiete años después la justicia consideró que "el evento dañoso en el establecimiento educativo resultaba previsible y evitable para la institución” ya que el padre de Juniors había comunicado a las autoridades escolares su preocupación por diferentes actitudes que observaba en su hijo.
“La escuela contaba con elementos suficientes como para haber tomado medidas preventivas frente a los indicios de gravedad que mostraba la conducta del alumno Solich. Si a lo anterior le adicionamos la falta de control adecuado por parte de la escuela (ausencia total de un adulto responsable -docente o preceptor-) en el aula al momento del hecho", expresó el dictamen.
En cuanto a la responsabilidad que le cabe a Prefectura, Marrón calificó el accionar como “impericia”. “El armamento se encontraba depositado en el armario junto con sus cargadores –e incluso cargado conforme surge de la declaración del menor Juniors Solich-, el mismo carecía de las más elementales medidas de seguridad", observó.
Esta situación perfigura una violación a lo dispuesto por la Dirección del Material de la Prefectura Naval Argentina en la Disposición Permanente que estipula una serie de reaseguros para impedir que los otros habitantes de la casa puedan acceder al armamento asignado. De hecho, la jueza recuerda que el uniformado resultó sancionado por este motivo con 45 días de arresto a partir del sumario administrativo N° 05-“R”/04 llevado adelante por la institución.
El cargo del padre en la Prefectura Naval Argentina fue el que posibilitó al menor el acceso al elemento que llevó a la Escuela para ejecutar el hecho”
Marrón concluye que “el cargo del padre en la Prefectura Naval Argentina fue el que posibilitó al menor el acceso al elemento que llevó a la Escuela para ejecutar el hecho”.
Rafael Juniors Solich: Institucionalizado desde la masacre, no tiene un diagnóstico psiquiátrico concreto
El caso recayó en la jueza de Menores de Bahía Blanca, Alicia Ramallo, quien lo consideró inimputable ya que entonces tenía 15 años, uno por debajo de la ley que determina la punibilidad. Juniors pasó algún tiempo en una dependencia de la Prefectura bahiense hasta que fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, en Ensenada, un penal de máxima seguridad para chicos en conflicto con la ley.
Luego los Solich se radicaron en Punta Lara, una localidad balnearia en la rivera del Río de La Plata. El 7 de junio de 2005 y tras permanecer cinco meses en El Dique, Juniors fue llevado a la Clínica Santa Clara en el partido de San Martín.
Para un grupo de profesionales que lo trataron el joven sufría de esquizofrenia mientras que otros hablaron de un “trastorno de personalidad con rasgos psicopáticos”.
Cuando Juniors cumplió la mayoría de edad, la intervención de la jueza Ramallo cesó pero el caso fue derivado al Juzgado de Familia N° 4 de La Plata a cargo de Silvia Mendilaharzo (expediente N° 1503/10), con la intervención de la asesora en salud mental Guillermina Saracho. En esta nueva instancia, el autor de la masacre escolar fue trasladado a una clínica en La Plata donde continúa institucionalizado.
