El juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para seguir investigando la causa sobre las reuniones en la quinta de Olivos. Por ese motivo definió enviar el expediente de Comodoro Py a la Justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción territorial sobre la residencia.
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“La denuncia formulada por Abril Fernández Soto y Marcos Longoni y cada una de las ampliaciones presentadas, apuntan a la 'Quinta de Olivos' como el lugar donde se habrían cometido las conductas en infracción. En igual sentido, los dictámenes y la actividad probatoria llevada a cabo por la Fiscalía dan cuenta de que los hechos que son objeto de investigación tuvieron lugar en esa Residencia Presidencial, sita en la localidad de Olivos, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. En consonancia, los escritos presentados por las defensas también ubican las conductas en ese lugar”, dice la resolución a la que tuvo acceso el portal Infobae.
“De la lectura de la totalidad del expediente puede concluirse que, salvo el anoticiamiento de un festejo ocurrido en Exaltación de la Cruz – Pcia. De Buenos Aires-, el denominador común de todos los hechos denunciados es el lugar de comisión: la Quinta Presidencial de Olivos. Sólo varían los actores”, agrega.
El juzgado de San Isidro, informaron fuentes judiciales, es el federal 2, a cargo de Lino Mirabelli, aunque está la posibilidad de que la causa recaiga en el 1, de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, porque ya tiene una denuncia por los mismos hechos. También había pedido que le enviaran el expediente de Comodoro Py “ad effectum videndi”; es decir, para ver qué había en esa causa.
Hasta ahora, la jueza no había solicitado que Casanello se declarara incompetente. El juez lo hizo sin esperar un requerimiento.
Lo que tenía para decidir era si hacía lugar al pedido de inconstitucionalidad que había planteado Stefanía Domínguez, una de las imputadas, contra los decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández para restringir la circulación por la pandemia. El fiscal Ramiro González ya se había dictaminado en contra del planteo de inconstitucionalidad y ahora será la justicia federal de San Isidro la que resuelva.
El fiscal Ramiro González ya había dictaminado en contra de ese pedido por lo que se esperaba una resolución del juez. Sin embargo, optó por enviar el expediente a San Isidro.
