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Columnistas

La paz social sale dos mangos y no es momento de arruinarla

Lomas de Zamora

Por Jairo Straccia

De golpe, algunas noticias que contadas de forma aislada no dicen mucho, cuando las ponés todas juntas te llenan el horizonte de preguntas.

Un grupo de organizaciones que reclamaban comida y empleo intentó tomar la municipalidad de Lomas de Zamora el jueves pasado y la policía reprimió con balas de goma. Movimientos que pedían asistencia educativa en la pandemia acamparon durante toda la madrugada del viernes en la intersección de las avenidas Córdoba y Callao en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires y volvieron locos a los automovilistas. La movilización de agrupaciones sociales este sábado en ocasión de la tradicional celebración católica de San Cayetano tuvo como eje el lema de tierra, techo y trabajo. Hace quince días, tercerizados del ferrocarril Roca cortaron las vías y los pasajeros terminaron rompiendo las rejas de la estación Constitución luego de más de seis horas sin servicio. Además, ese mismo día otros manifestantes llegaron desde el Conurbano hasta el Ministerio de Desarrollo Social, intervinieron las fuerzas de seguridad y todo terminó con un detenido.

El Gobierno entró en modo la-pandemia-ya-fue. Está acelerando aperturas mientras apuesta a completar como sea los esquemas de vacunación antes de que lleguen las mutaciones más jodidas del coronavirus. A su vez, apura el impulso de la economía antes de las elecciones con actualización de paritarias al cuarenta y largo para los asalariados en blanco, que entonces corren de atrás a la inflación. Al mismo tiempo, lanza planes de cuotas para promover el consumo de la clase media bancarizada con acceso a plástico en hasta 30 pagos para heladeras, cocinas y lavarropas.

El Gobierno entró en modo la-pandemia-ya-fue. Está acelerando aperturas mientras apuesta a completar como sea los esquemas de vacunación antes de que lleguen las mutaciones más jodidas del coronavirus.

Sin embargo, aparecen algunas luces rojas en el tablero de control de la calle, algo impensado durante una gestión del peronismo, pero posible ahora que los sindicatos ya no son la voz de los descamisados que alguna vez se mojaron las patas en la fuente sino el sello de la aristocracia de los trabajadores registrados con cobertura médica y vacaciones pagas en el país de Rappi como principal alternativa laboral de jóvenes que salen vaqueta del secundario.

Ya se ha escrito mucho paper sobre que en el país de la desocupación y la explosión del empleo informal y precarizado, los garantes de la paz social son los movimientos sociales, deriva de las viejas organizaciones piqueteras, que el kirchnerismo siempre buscó absorber a través de la incorporación en distintas dependencias estatales.

Una ganga

La inquietud llega a los despachos más conspicuos del establishment, que se comparten con fruición un informe de fines de junio de la consultora EcoGo que incluye un apartado titulado “la caldera social”, que disecciona la amplia red de asistencia del Estado, su costo fiscal y el variopinto entramado de movimientos con representación territorial, desde los más cercanos hasta los más lejanos al oficialismo.

Es loco, porque ponés la tele y el horario prime time es una sucesión de mensajes contra la ayuda estatal y “la Argentina de los planes”. Se multiplican los Cachanovskys que sueltan que “se gasta plata en planes sociales y hay cada vez más pobres” y ahora se le suman los maridos de Pampitas que incursionan en la política y cuando vaticinan que habrá un dólar a $ 400 después de las elecciones lo justifican con frases como “¿y dónde creés que va todo lo que se está pagando, los planes?”.

Se multiplican los Cachanovskys que sueltan que “se gasta plata en planes sociales y hay cada vez más pobres” y ahora se le suman los maridos de Pampitas.

Pero sin embargo, los empresarios no comen vidrio. Muchos miran los números de aquel reporte que comparten y se dan cuenta. La Argentina ha visto saltar el dólar de $ 17 a casi $ 200 en 3 años y el asado de $ 77 a casi $ 1000 en 6 sin estallido social ni escenas de saqueos gracias a una red de contención a que alcanza a más de 9 millones de personas y le cuesta dos mangos: apenas 1,6% del PBI.

En detalle: hay 4,1 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que insumen 0,5% del Producto. Sumale 3,5 millones de hogares con programas alimentarios, que cuestan un 0,7% del PBI. Agregale 1 millón de jóvenes que reciben las becas Progresar (0,1%) y anotá 920 mil personas en el plan Potenciar Trabaja, que reciben fondos por 0,3%. La paz social en la peor agonía desde 2001 es una ganga.

Ayuda y después

El tema es que todo se da en un momento que combina disparada de la pobreza desde 2018 hasta ahora e inflación del 50% anual aún mayor cuando se miran los alimentos básicos con el recambio en la conducción del Ministerio de Desarrollo Social que tiene en alerta a las organizaciones que no quieren perder peso dentro del manejo de los fondos de la asistencia estatal.

Guarda, porque la salida de Daniel Arroyo, uno de los ministros más visibles del gabinete y cara de una de las banderas de la gestión propia del presidente Alberto Fernández, la Tarjeta Alimentar, para ocupar el puesto 12 de la lista de diputados de la Provincia, suma complicaciones. El arribo del hasta ahora intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, viene lento. Sin jura a la vista, tampoco hay una transición que haya comenzado a hacerse efectiva, lo que alimenta suspicacias que se leen en cada protesta callejera.

Además, el funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social implica hacer encajar múltiples organizaciones sociales y espacios políticos, más difícil que quedar bien con todos cuando vienen las fiestas de fin de año. Conviven desde el Movimiento Evita de Emilio Pérsico o el Chino Navarro, ambos con cargos en la administración central, hasta Barrios de Pie del ahora candidato a diputado nacional Daniel Menéndez, más la presencia de Fernanda Muiño, también con cargo respaldada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Juan Grabois, que a propósito está a la espera de que pongan en marcha su plan de financiación de trabajo comunitario por $ 750 mil millones. Desde afuera, además, influye La Cámpora con Fernanda Raverta en el manejo de la Anses y no se puede desestimar la opinión del ministro bonaerense del área, Andrés Larroque.

Los sindicatos ya no son la voz de los descamisados que alguna vez se mojaron las patas en la fuente sino el sello de la aristocracia de los trabajadores registrados.

Además, como si fuera poco, también hay que ensamblar distintas concepciones de hacia dónde y para qué debe focalizarse la intervención del Estado en el territorio de la marginación. ¿Trabajo comunitario a lo Papa Francisco como punto de partida para un nuevo modelo de economía social? ¿O asistencia y capacitación para inserción en el mercado laboral tradicional?

Y si este fuera el caso y un sendero de crecimiento sostenido potenciara la demanda de empleo genuino, hay otro quilombo más: cómo hacés el trasvasamiento de la ayuda al empleo formal con un puente de capacitación cuando no se trata solo de una formación en oficios desafiados por la tecnología sino que también tiene que venir a suturar problemas básicos del sistema educativo que está cada vez más cascoteado. Secundarias de alumnos abandónicos y mil problemas que se potenciaron con los cierres por las restricciones sanitarias le pueden poner límites a cualquier intento de gestionar los planes sociales cuando se piensa más allá de la emergencia.