El expresidente convocó al letrado quien también trabajó en las causas vinculadas a maniobras de espionaje ilegal a políticos, oficialistas y periodistas durante su gobierno. Pablo Lanusse será su abogado defensor en la causa por el presunto contrabando de armamento a Bolivia.
Macri presentó un escrito en el juzgado de Javier López Biscayart en el que manifestó que está fuera del país y designó a Lanusse como su abogado oficial en la causa que investiga el envío de armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.
Lanusse se desempeñó como fiscal federal y de instrucción entre 1993 y 2003, cuando se concentró en la persecución de casos de corrupción y delitos económicos. Entre 2003 y 2004 fue el secretario de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, cuando Gustavo Béliz integraba el gabinete .
Macri presentó un escrito en el juzgado de Javier López Biscayart en el que manifestó que está fuera del país y designó a Lanusse como su abogado oficial en la causa que investiga el envío de armamento a Bolivia.
El abogado fue el fiscal del caso en la causa de la mafia del oro y puso al descubierto una estafa millonaria que involucraba a hombres vinculados al menemismo. Le cortaron la mejilla izquierda y el brazo izquierdo, además de amenazarlo para que abandonara la investigación.
La causa por el envío de armas a Bolivia
A principios del mes pasado se conoció una carta del General de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Lara dirigida al Embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García. En la misma le agradecía “por la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.
A partir de allí se destapó un escándalo de trascendencia internacional y los ministros Sabina Frederic, de Seguridad, y Martin Soria, de Justicia, junto a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont presentaron una denuncia en la justicia por “envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia". Las acusaciones involucran a estratos de Gendarmería, a la -entonces- ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al excanciller Jorge Faurie y al expresidente Mauricio Macri.
En declaraciones recientes, el actual embajador argentino en Bolivia Ariel Basteiro aseguró que la documentación que se investiga muestra "cómo el armamento que ingresó de forma ilegal trató de ser ocultado por las autoridades de esos días“. "La policía cuenta que en un principio ese material, unos 26.900 cartuchos y 200 granadas de gases lacrimógenos, estaban puestos en una caja que decía ‘guantes’", informó.