Al término de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2, la fiscalía solicitó además condenar a 4 años y 8 meses de cárcel al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y a 4 años y 6 meses al exagente de la AFI Rolando Barreiro.
También pidió una pena de 3 años y 9 meses de prisión para el exespía de la Agencia Nacional de Inteligencia Claudio Álvarez y la "inmediata detención" de todos cuando las condenas queden firmes.
En relación al extitular de Delitos Complejos de Mercede, Bidone, la fiscalía advirtió que lo ocurrido "afectó severamente el funcionamiento de la justicia" de esa localidad bonaerense y su accionar "pulverizó la confianza que la ciudadanía depositó en los fiscales"
Cuando se descubrió que había entregado a D'Alessio informes sobre registros telefónicos y movimientos migratorios de Traficante que se usaron para extorsionarlo, "se restringió el acceso informático y hasta se tuvieron que cambiar cerraduras", enumeró.
Al respecto, Luciani pidió al Tribunal que tras emitir veredicto, envíe constancias del juicio a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires y al jurado de enjuiciamiento que analiza la situación de Bidone, quien podría ser destituido y perdería en ese caso sus fueros ante una eventual condena firme de cumplimiento efectivo
En el caso del suspendido fiscal, la pena de 4 años y 8 meses de cárcel se pidió en su rol de partícipe necesario del intento de extorsión y como presunto autor de abuso de autoridad y violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
A lo largo del alegato final que comenzó el lunes de la semana pasada y concluyó ahora, Luciani sostuvo que hubo "grave connivencia entre un fiscal y un particular" en el intento de extorsión, en relación al fiscal y al falso abogado.
Además remarcó que lo ocurrido "no fue un hecho aislado, hubo búsqueda de información" sobre otras víctimas de manera irregular desde la fiscalía de Bidone
Los cuatro acusados son juzgados por el intento de extorsión cometido en noviembre de 2016 al empresario Traficante, a quien reclamaron pagos en dólares a cambio de no involucrarlo en una causa judiciales conocida como "mafia de los contenedores" y evitarle "escraches" en la prensa.
El empresario grabó una de sus conversaciones con D'Alessio y así pudo presentar una denuncia en los tribunales federales de Retiro.
