Por Sergio Galiana
Esta semana el Tribunal Constitucional de Sudáfrica -órgano máximo del poder judicial de ese país- condenó al expresidente Jacob Zuma a la pena de 15 meses de prisión por desacato al máximo tribunal de justicia de ese país.
La condena se dio en el marco de una causa que investiga una serie de hechos de corrupción ocurridos bajo su mandato y que involucran a su entorno cercano y al grupo empresario de la familia Gupta, varios de cuyos miembros se radicaron en los Emiratos Árabes Unidos y tienen pedido internacional de captura.
Los hechos habían comenzado a ser investigados por la justicia en el año 2016 y dos años más tarde se creó una Comisión especial -presidida por el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ray Zondo- sobre el posible delito de ‘captura del estado’. Frente a esa comisión había declarado el propio Zuma en el año 2019, pero la acumulación de testimonios de exministros, funcionarios y empresarios hizo que el caso adquiriera cada vez mayor impacto en la opinión pública y las audiencias se extendieran en el tiempo.
La estrategia del expresidente fue impugnar a la Comisión y considerarse víctima de un complot dirigido por excompañeros del Congreso Nacional Africano (ANC), el partido en el poder desde la celebración de las primeras elecciones democráticas en 1994. Por este motivo rechazó la última citación, de febrero de este año, para que ampliara su declaración original.
Fue por esta negativa -y no por las causas de corrupción en sí, ya que la Comisión continúa trabajando- que Zuma fue condenado. En su argumentación, la jueza Sisi Khampepe señaló que “por su posición [como expresidente] sus acciones son vistas de cerca por el público y, si su conducta quedara impune, causaría un daño significativo al estado de derecho”.
Jacob Zuma, de 79 años, tiene una larga trayectoria como activista en la lucha contra el apartheid: miembro del ANC y de su brazo armado desde muy joven, en 1963 fue condenado a 10 años de cárcel -que compartió con Nelson Mandela en la tristemente célebre prisión de Robben Island- y luego pasó al exilio.
Tras el inicio de las negociaciones formales entre las autoridades del régimen del apartheid y el ANC en 1990, Zuma regresó a Sudáfrica para ocupar diferentes cargos dentro de la organización; desde el establecimiento del sistema democrático en 1994 ocupó diversos cargos dentro del partido y del gobierno, carrera que culminó en mayo de 2009 cuando fue elegido Presidente de la República, el 4° en la historia de la joven democracia sudafricana.
Reelegido para un segundo período en 2015, durante sus últimos años en el poder crecieron tanto las denuncias de corrupción como las disidencias dentro del ANC, hasta que finalmente se vio obligado a renunciar en febrero de 2018 y en su reemplazo el parlamento designó al entonces diputado y presidente del ANC, Cyril Ramaphosa.
De acuerdo a la constitución sudafricana sancionada tras el fin del apartheid, el Presidente de la República es elegido por el parlamento por un período de cinco años con posibilidad de una reelección. Si bien hasta ahora todas las elecciones fueron ganadas holgadamente por el Congreso Nacional Africano, ningún mandatario logró completar su segundo mandato.
En estos momentos en los que en diversas partes del mundo crece la preocupación por la degradación de las democracias liberales resulta relevante que en Sudáfrica, una república con menos de tres décadas de tradición verdaderamente democrática, los conflictos se procesen en el marco de la plena vigencia del estado de derecho y del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
