Por Feminacida
La ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans fue aprobada hoy en el Senado cumpliendo así una demanda histórica de uno de los sectores más vulnerados de la sociedad argentina. Con 55 votos afirmativos, 1 en contra y 6 abstenciones, el Congreso permitió materializar la lucha por la que Diana Sacayán y Lohana Berkins dieron su nombre y su vida. Esta conquista trae nuevas esperanzas, pero ¿qué reivindicaciones supone esta nueva legislación? En el marco del mes del orgullo, proponemos dejar deslizar en las pantallas adornadas de cotillón preguntas que atraviesen la comodidad de los slogans.
Un nuevo derecho
La desprotección a la que se enfrentan lxs travestis y trans debido a la falta de acceso a un empleo formal, acentuada por la pandemia y evidenciada con la desaparición de Tehuel de la Torre en marzo de este año durante una búsqueda laboral, es causa y consecuencia de la pobreza estructural que sufre el colectivo. En “La revolución de las mariposas”, un relevamiento realizado en 2017 sobre sus condiciones de vida, se explica que el exilio de los hogares —en muchos casos durante la niñez— y la pronta interrupción del proceso educativo “intervienen de manera directa y negativa en sus posibilidades de acceso a un empleo y en el precoz ingreso a la prostitución como única alternativa de generación de ingresos”. En ese momento, sólo el 9 por ciento de las travestis consultadas dijeron tener acceso al trabajo formal. El informe de la Gestión Legislativa realizado en 2020 afirma que todavía hoy el 80 por ciento del colectivo permanece en esta situación.
En 2017 sólo el 9 por ciento de las travestis tenían acceso al trabajo formal. Un informe de 2020 afirma que hoy el 80 por ciento del colectivo permanece en la misma situación.
La Ley de Cupo e Inclusión se presenta como una posible respuesta a esta situación. Este proyecto establece que en el sector público “los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero”. El decreto que dio paso a la ley, firmado por el presidente Alberto Fernández el 3 de septiembre de 2020, ya contemplaba la baja expectativa de vida de las personas de este colectivo, que no supera los 40 años. Esta cifra es consecuencia, además de las violencias mencionadas, de la falta de acceso al sistema de salud y la discriminación que enfrentan lxs travestis y trans cuando recurren a los consultorios médicos.
“Hacen falta más políticas de igualdad, que el Estado abrace aquello que excluyó y dejó afuera toda la vida. Para nuestras compañeras travestis y trans no hay otras formas ni momentos mejores que ahora”, sostuvo durante el tratamiento en la Cámara de Diputados el legislador Leonardo Grosso. A lo largo de los últimos seis años, distintas organizaciones sociales ya habían presentado más de 20 proyectos sobre esta problemática.
La necesidad de que el decreto sea convertido en ley tiene que ver no sólo con el ejercicio estatal de garantizar la progresividad de los derechos sino con la amenaza de que un futuro gobierno remueva una conquista que costó la vida y la muerte de muchas compañeras. Esto no es un punto menor, ya que los votos en contra y las abstenciones de la sesión de Diputados pertenecieron en su mayoría a funcionarios de Juntos por el Cambio.
El camino a la inclusión
En los ‘90, cuando todavía no se conocía la bandera arcoiris y la perspectiva de género no tenía lugar en las políticas de Estado, el colectivo LGBTTIQ+ luchaba sobre todo contra la represión de las fuerzas de seguridad y los edictos policiales que perseguían y criminalizaban a quienes no seguían la norma sexo-genérica. A partir de allí, las conquistas a nivel legislativo fueron llegando gracias a la organización y la fuerza de quienes estaban convencidxs de que la ampliación de derechos es el único camino posible.
Una lucha lleva a otra y cada derecho ganado pavimenta el camino para que otros horizontes sean posibles. La Ley de Matrimonio Igualitario (Nº 26.618), aprobada en 2010 a nivel nacional, es hija de la Ley de Unión Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nº 1.004), sancionada ocho años antes con el apoyo de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), entre otras organizaciones. “Cuando se discutió en el recinto la ley, hubo un colegio católico que fue a cantar en contra para que no la aprueben”, recuerda Diego Trerotola, periodista y activista de la CHA, sobre el debate del 2002 en entrevista con Diario Con Vos. Orgulloso, agrega que esta fue la primera legislación latinoamericana en contemplar a personas de cualquier identidad de género u orientación sexual. “No queríamos una libreta rosa, queríamos una ley que sirviera para cualquier persona”, sostiene.
La ley establece que en el sector público “los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento por personas travestis, transexuales y transgénero”.
Otro de los hitos para el colectivo LGBTTIQ+ fue la sanción en 2012 de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743), que entiende la identidad como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Esta legislación no sólo es pionera en la región y en el mundo sino que también se distingue por ser muy abarcativa, lo cual permite una mayor autodeterminación por parte de todas las personas. Por ejemplo, explicita que el cambio registral se puede realizar “sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo” y, hay que agregar, sin ningún trámite médico. “Esa ley fue y es realmente importante. Permite una libertad en las formas de ser, permitió darle un DNI con el género autopercibido a Luana, una niña menor de edad”, destaca Trerotola.
En la previa al Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+, esta vez la fiesta fue en el Congreso. Hoy el país es un poco más justo con esta nueva herramienta para corregir una desigualdad que atraviesa la vida de las personas trans y travestis desde siempre. Hoy festejamos, porque, una vez más, el trabajo colectivo permitió la ampliación de derechos para un colectivo largamente postergado por el Estado. Hoy festejamos, pero no olvidamos que el cambio más grande debe darse en la cultura, donde estas identidades todavía son ridiculizadas, criminalizadas y exiliadas a los márgenes de la sociedad.
La ley de cupo e inclusión marca un paso más hacia una vida digna y libre para las personas que forman parte de las disidencias sexo-genéricas, pero aún son muchas las desigualdades que no tienen respuesta: el acceso efectivo a la Justicia, a la salud y a la educación, la creación de un registro adecuado de transfemicidios, políticas de prevención frente a la violencia de género, la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral y un DNI que también incluya a las personas no binarias son algunas de ellas. Hoy festejamos, porque la lucha de lxs compañerxs fue escuchada, y mañana nos levantaremos para seguir conquistando derechos. “El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más”, fueron las últimas palabras de Lohana, que resuenan en un eco eterno dentro y fuera de las paredes del Congreso.
Hoy festejamos, porque la lucha de lxs compañerxs fue escuchada, y mañana nos levantaremos para seguir conquistando derechos.
