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Sociedad

Amnistía Internacional: "La crisis de refugiados es la peor desde la Segunda Guerra Mundial"

Refugiados

Nunca hubo más refugiados: más de 80 millones de personas alrededor del mundo han sido desplazadas por la fuerza, es decir dejan sus casas en busca de protección. Casi la mitad, son niños y niñas.Y a medida que las crisis humanitarias se complejizan, aumentan los números de personas que cruzan una frontera internacional por razones ajenas a su voluntad, huyendo de violaciones de los derechos humanos como la tortura, la persecución, los conflictos armados y la pobreza extrema.

“La crisis de personas refugiadas es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Las familias que se ven obligadas a huir de sus hogares transitan una sucesión de peripecias trágicas como exponerse a rutas peligrosas e irregulares, con riesgos a la vida, extorsión, violencia institucional, secuestros, abusos sexuales u otras situaciones que profundizan su condición de vulnerabilidad. Además, el hecho de transitar por vías ilegales puede perjudicar su acceso a un estatus migratorio favorable”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Alerta por los cierres fronterizos

"Como si esto fuera poco, el cierre de fronteras debido a la pandemia ha impactado aún más en el acceso a servicios de salud de estas familias. El panorama es, cuanto menos, desesperante", asegura Belski.

En el caso de Argentina, el cierre de fronteras terrestres fue una de las medidas de prevención adoptadas por las autoridades nacionales que se mantuvo sin modificaciones ni interrupciones desde que comenzó el aislamiento.

Esta situación, según la Comisión Argentina para los Refugiados y los Migrantes (CAREF), no ha detenido el tránsito, sino que lo ha vuelto más peligroso. "La imposibilidad de ingresar al territorio nacional por los accesos terrestres trae como consecuencia que aquellas personas que requieren protección internacional se vean impedidas de solicitar el asilo en esas fronteras, a nivel nacional. En este sentido, vale subrayar que, en la mayoría de los casos, estas personas llegan al país luego de largos tránsitos que muchas veces incluyen extensos tramos a pie", señala en un comunicado por el Día Internacional del Refugiado.

"Garantizar un ingreso regular en pandemia, desde la perspectiva de los derechos humanos, significa que el Estado disponga de todas las medidas de protección tanto en lo que refiere al derecho a solicitar asilo como en términos migratorios, y de protección de la salud. Estas medidas no solo benefician a las personas en movilidad sino también a las comunidades de recepción".

En este sentido, Caref también señaló que recibe consultas a diario en su Servicio Social de personas que no cuentan con DNI y se encuentran impedidas de acceder al plan de vacunación."Es indispensable que los registros online o presenciales permitan incluir a quienes solo poseen documentación de país de origen o tienen su radicación en trámite. El acceso a la salud, especialmente en pandemia, no puede estar sujeto a circunstancias administrativas".

Crisis humanitaria agravada por la pandemia

Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras durante el primer período la pandemia y aproximadamente 90 no implementaron medidas excepcionales para ingreso a territorio, tales como las solicitudes de asilo. Negar la posibilidad de asilo contraría las normas y estándares internacionales.

A las dificultades expuestas, se suman enormes barreras en el contexto de Covid 19. En diversos países el acceso de las personas refugiadas a las vacunas se vio obstaculizado con la incertidumbre sobre su inclusión en los programas de vacunación, aun siendo la salud un derecho humano universal. Por ejemplo, en el Líbano, solo el 0,5% de las personas inmunizadas son de nacionalidad siria, pese a que representan el 20% de la población total.

Por otro lado, en Centroamérica, se denunciaron casos de ventas de test de Covid falsos con resultados negativo de coronavirus en complicidad con autoridades locales en las fronteras para que las personas puedan circular.

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