En las comisarías y alcaidías de la Ciudad la cantidad de presos pasó de 61 a 712 en apenas un año y dos meses. El sistema está al borde del colapso.
Al comienzo de la Cuarentena, en marzo del año pasado, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) cerró el ingreso de detenidos desde la Ciudad de Buenos Aires, que no cuenta con un sistema carcelario propio.
Esta situación puso en pausa un convenio de cooperación entre las dos jurisdicciones, vigente desde 2004, por el cual el SPF debe hacerse cargo de las personas privadas de la libertad, ya sea por estar procesadas con prisión preventiva o condenadas, por la Justicia con competencia penal en la Ciudad.
El 5 de octubre del año pasado la jueza Carla Cavaliere, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 estableció un cronograma para el traslado de los detenidos en las comisarías de la Ciudad y fijó un cupo de ingresos semanales que debían generarse en el SPF.
Para diciembre, todos los presos con prisión preventiva o condenados debían estar alojados en una cárcel, que es el ámbito preparado para lograr su reinserción social.
No obstante, en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño aseguran que a pesar de los fallos judiciales que obligaban a resolver el problema, el Gobierno nacional no cambió su “política de puertas cerradas”.
La superpoblación siguió creciendo, las condiciones de detención empeoraron y la Ciudad tiene que sacar patrulleros y policías de las calles para destinarlos a la vigilancia de los presos.
Las cifras
En 2019, el SPF recibió 17.471 detenidos, mientras que el año pasado aceptó 6.008. Un 66% menos, cuando el total de detenciones entre un año y otro por todo tipo de delitos casi no varió: hubo 29.900 en 2019 y 29.500 en 2020.
Mientras el promedio mensual de detenidos que recibía el SPF era de 1.455 en 2019, desde abril de 2020 hasta abril de 2021, bajó a 235 por mes. Una reducción del 84%.
Sin sistema penitenciario propio y con la imposibilidad de enviar a los presos al lugar previsto, la Ciudad tuvo que buscarles un lugar a los detenidos. El 20 de marzo de 2020, la capacidad en las alcaidías era de 183 plazas, según los datos oficiales de la Ciudad. En la actualidad es de 234.
Además, también se adaptaron las comisarías para alojar detenidos. Hasta ese momento, las seccionales sólo eran lugar de tránsito. De esta forma, se sumaron 274 plazas. Así el sistema de la Ciudad pasó de 183 a 508 plazas, lo que representa un aumento del 177%.
De acuerdo a los datos oficiales, de las 308 personas detenidas en las alcaidías, el 51% está con prisión preventiva y el 23%, condenado. Mientras que en las comisarías, hay un 6% de sentenciados y 24% con prisión preventiva.
Para atender y vigilar a esa población de presos que no fueron recibidos por el SPF, se destinaron a más de 1.000 oficiales de la Policía de la Ciudad que están distribuidos en tres turnos y los francos. También debieron afectarse a decenas de patrulleros para traslados a tribunales, médicos o los lugares de alojamiento.
