Por Jairo Straccia
La Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud es un ente que está en el Ministerio de Salud de la Nación que se ha convertido en una piedra en el zapato para algunos desarrollos médicos en tiempos de ansiedad y ganas de encontrar algo que frene un poco al fucking coronavirus y nos permita volver a tener fiestas y encuentros con amigos aunque al final nos bajemos por fiaca y vejez.
A diferencia de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), que define si un fármaco sirve o no o si se puede comercializar o no, la Conetec cruza la evidencia médica con el costo económico del tratamiento e intenta responder a otra pregunta: ¿vale la pena que el sistema de salud enfrente un determinado gasto para el beneficio que se va a conseguir? Son interrogantes límite que sacuden al mundo, porque cada vez aparecen más drogas de vanguardia de muy alto costo para atender enfermedades raras, que deben afrontar los estados y los seguros médicos privados, que le pueden mejorar la vida a un grupo relativamente pequeño de personas al tiempo que ponen en jaque el financiamiento de toda la estructura sanitaria.
El ejemplo extremo que suele ponerse en estas agencias de evaluación es: ¿qué pasaría ante la supuesta aparición de un tratamiento que alarga un mes la vida de un enfermo terminal de cáncer y cuesta US$ 10 millones? Sin pensarlo desde el afecto que cualquiera podría tener por un ser querido en esa situación, ¿sería razonable para la sostenibilidad del sistema de salud que se autorizara ese tratamiento? ¿De qué manera deberían financiarlo hospitales públicos o empresas de medicina prepaga cuando esto podría derivar en un colapso que afecte la atención de millones de otros pacientes? La complejidad del debate y del rol de esas agencias está a la vista y te la regalo.
Sin llegar ni de lejos a dilemas de ese tipo, y en medio de una carrera nunca vista por encontrar respuestas a una pandemia que todo lo rompe, los técnicos que trabajan ad honorem en la Conetec en representación de todas las entidades del sistema público y privado de salud del país sacudieron al Ministerio de Salud en las últimas tres semanas. Publicaron informes contundentes que le bajan el pulgar a dos tratamientos de mucha difusión contra el coronavirus: el suero equino hiperinmune y la ivermectina.
El primero se trata de un desarrollo que consiste en -dicho mal y pronto- inyectarle el virus a los caballos para que generen anticuerpos que luego se aplican a los pacientes con Covid. El segundo es un antiparasitario de uso humano y veterinario que tiene más de 50 años y que algunos médicos empezaron a recetar “off label”, es decir, fuera de las indicaciones que están en el prospecto, para tratar el coronavirus. Como estos trabajos no son vinculantes, igualmente se comercializan y aplican en todo el país. Son desarrollos del laboratorio Elea, de los empresarios Hugo Sigman en sociedad con Danilo y Carlos Sielecki.
A caballo no tan regalado
El 21 de abril, un documento de la Conetec concluyó que es “incierto” el resultado de la aplicación de “anticuerpos policlonales equinos” en pacientes desde leves hasta críticos y que como el tratamiento está indicado para los pacientes en los primeros días desde la aparición de los síntomas explicitó: “No debería afectarse el uso de recursos en una población objetivo aún mayor con un elevado costo comparativo y ante una incertidumbre en los efectos clínicos”. El trabajo detalla que cada dosis del tratamiento cuesta US$ 300 y que están indicados 5 viales por paciente, lo que eleva el gasto a US$ 1500 por persona. Es decir, el trabajo dice “es caro” y encima puede ser “caro al pedo”, con perdón de la jerga técnica.
La Anmat por su parte lo había autorizado en diciembre “bajo condiciones especiales” y habilitó su aplicación por un año. Desde el Ministerio de Salud afirman que la Conetec marca que “no hay evidencia sólida pero que hay que seguir construyéndola”, subrayan que lo relevante en la pandemia es el balance riesgo/beneficio y no la relación costo/beneficio que es lo que mira la Conetec, y enfatizan que lo que no está en duda es que “el suero equino está salvando vidas”, algo que sin embargo el estudio dice que es “incierto”.
Esta semana, Fernando Goldbaum, director científico a cargo del desarrollo del suero equino, aseguró en Clarín que pidieron una reunión con la Conetec porque dice que no hicieron bien su trabajo. Además, afirmó en una nota en Página/12 que el tratamiento “está a disposición en los hospitales bonaerenses” en un artículo que incluye “las formas de solicitarlo a las obras sociales”. Los informes de la Conetec son de actualización permanente, y por ahora no vieron la necesidad de modificarlo y cambiar las conclusiones.
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Animalitos
Ya este mes, el 7 de mayo, la misma Comisión publicó sus recomendaciones sobre el uso de la ivermectina. Dice la Conetec, que “no hay información” sobre si tiene algún efecto sobre pacientes leves, moderados o críticos ni tampoco sobre si sirve para prevenir la infección por SARS-Cov2. El costo comparativo del tratamiento, indica el documento, es “bajo”, de dos comprimidos por pacientes que cuestan US$ 9. Aunque nadie le da mucha bola, el informe está publicado en la web oficial de la entidad.
Hasta ahora, en este caso, la Anmat no ha autorizado su uso para el coronavirus en línea con otros entes regulatorios del mundo, pero como hay provincias donde su aplicación es extendida para ganaderia y además está habilitado como antiparasitario, las ventas por Covid crecen igual. Dato: en la página de Elea todavía ahora se presenta en una gacetilla con el siguiente título: “El tratamiento del coronavirus podría estar en un laboratorio argentino”.
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La Conetec, es cierto, fue una creación del gobierno de Mauricio Macri como un paso previo al nacimiento de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Médica (Agnet) que iba a crearse por ley del Congreso de la Nación para que, conformada por todos los actores del sistema, emita en ese caso sí decisiones vinculantes respecto de la cobertura de distintos fármacos y tratamientos.
Se trata de un ente que tiene entre sus principales interesados a los dueños de las empresas de medicina prepaga pero sobre todo también a los sindicatos, que al frente de las obras sociales son Belocopitts con campera de cuero. Como nunca se trató en el Parlamento, finalmente en 2018 se puso en marcha la Conetec como una especie de asesoría integrada por representantes del propio Ministerio, el Consejo Federal de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y obviamente referentes de obras sociales y prepagas, pero sin la potestad de llegar a conclusiones vinculantes.
Es loco, porque en esta comisión está presente todo el amplio espectro del Estado discutiendo y debatiendo en tiempo real sobre los tratamientos disponibles para el coronavirus mientras se espera la vacunación masiva, pero para el funcionamiento del mercado de la salud es como si no existiera. Justo bajo una administración que hace bandera del Estado presente, cuando el Estado está presente es como que no está. Porque las opiniones no son vinculantes.
Pero ojo. Ha habido otras intervenciones de la Conetec en las que sin hacer recomendaciones vinculantes, su opinión generó decisiones del Estado respecto de algunos medicamentos de laboratorios internacionales. Y ha ocurrido durante este mismo gobierno. Uno de los casos más conocidos se dio el año pasado, cuando para fijar un precio máximo al Spinraza, el fármaco ultracaro del laboratorio multinacional Biogen para casos de atrofia medular espinal (AME), el Gobierno se basó entre otros informes en un trabajo de esta misma Comisión realizado 2019.
Por ahora, sin embargo, la influencia de estos trabajos no llega a ser la misma.
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