Esta tarde se conoció el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal, ante la Corte Suprema. Allí dictaminó que el decreto del presidente Alberto Fernández no está fundamentado y no cuenta con evidencia epidemiológica sobre los riesgos que conllevan las clases presenciales.
Cabe destacar que el dictamen del Procurador Casal es una opinión y no es vinculante para la Corte.
“Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles”, sostuvo Casal en su presentación de 49 páginas.
“No ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público, sin precisar adecuadamente la supuesta relación directa e inmediata entre las actividades de educación presencial y el crecimiento exponencial de casos en la región”, afirmó el Procurador.
Alberto Fernández suspendió del 19 de abril y hasta mañana las clases presenciales en el AMBA mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia junto con otras medidas restrictivas para aplanar la curva de contagios.
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