Ante la preocupación por la provisión de oxígeno, el Gobierno nacional congeló su precio por 90 días para garantizar el suministro. Además, ordenó a las empresas "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada".
La medida fue oficializada a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo publicada este jueves en el Boletín Oficial. Allí se especifica que "los sujetos que integran la cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo no podrán aumentar sus precios de venta y/o prestación de servicios por el plazo que se encuentre vigente la presente medida".
La decisión fue tomada en una reunión entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con empresarios del sector. Además, los funcionarios decidieron frenar las exportaciones de oxígeno, ya que su demanda para las internaciones por coronavirus creció entre un 300 y un 330 por ciento en los últimos días.
La demanda de oxígeno está entre dos y tres veces más que en el momento de mayor consumo del año pasado", explicó Carla Vizzotti.
El Gobierno llamó a las empresas a "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte, distribución y comercialización en todo el país durante el período que dure la emergencia sanitaria". A su vez, específicamente para los productores, estableció "el abastecimiento de la demanda de los establecimientos asistenciales y/o productivos del sector de la salud con carácter exclusivo".
El temor frente a la posibilidad de sufrir faltantes se suma a la preocupación por la alta ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva. El martes, Vizzotti se había adelantado a esta resolución y, en conferencia de prensa, planteó que "la demanda de oxígeno está entre dos y tres veces más que en el momento de mayor consumo del año pasado". Allí pidió a las provincias y centros de salud su "uso racional".
