Por Oscar Orquera @oorquera 

Proyecto contra el gatillo fácil en el Congreso.

La violencia de los gobiernos es la de los Estados y es, por transición, violencia política. Es, también, la llamada violencia institucional.

El nombre no es la cosa, pero esa cosa puede matar y mata. La CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, ha registrado desde 1983 al 2020, 7.587 muertes. Estos asesinatos en Democracia cometidos por fuerzas públicas, provinciales, federales y las de los servicios penitenciarios, marcan un promedio de una muerte cada 20 horas en Argentina. Tragedia social, oficial, institucional, estatal y política.

La democracia desde el presidente Alfonsín a Fernández tiene todo lo que podamos imaginar en materia de represión, abusos y muertes.Pero es muy injusto responsabilizar solo a los primeros mandatarios, pues es obligación también de los gobernadores, responsables de las policías provinciales que también mataron y matan.

Desde ya que hay muchos organismos gubernamentales y sociales que repararon y atienden -algunos más nuevos que otros- esas necesidades, pero hasta aquí, Argentina 2021, no hay una ley sobre “Violencia Institucional”.

El pasado miércoles en la cámara de Diputados de la Nación dos comisiones comenzaron a trazar el proyecto de ley que pondrá fin a la anomalía administrativa, punitiva/sancionatoria y educativas de hoy.

En el presente, carecemos de un protocolo, de un lineamiento burocrático, administrativo, sistemático y común a exigir ante muertes a mano de los efectivos que deberían prevenir, proteger y defender a los ciudadanos.

La Diputada Nacional del Frente de Todos, Paula Penacca, preside la comisión de Seguridad Interior, mientras que Hugo Yasky, la Derechos Humanos. Ambos convocaron a expositores que marcaron la necesidad de tener una ley para empezar a ordenar, coordinar y reeducar a los integrantes de las fuerzas públicas, con el objetivo que los asesinatos, abusos y excesos sean cada vez menos, puedan ser denunciados y penados.

Sabemos de sanciones, exoneraciones y retiros de integrantes que mataron, asesinaron, abusaron, pero este proyecto de ley es una oportunidad para avanzar e intentar que las muertes y los excesos tengan condena inmediata.

Esta ley nos dará un salto de calidad institucional, social y humana.

Esta norma, de ser sancionada, pretende abrir un registro, dar definiciones, acompañar, reparar, tomar denuncias por personal civil, capacitar, reentrenar y establecer parámetros mínimos-básicos al momento de actuar y ejercer el poder del personal de las fuerzas de seguridad en toda la Argentina.

También se busca la creación de un Observatorio Nacional sobre Violencia Institucional, que permitiría una coordinación activa y publica.

La diputada Penacca, dijo en Va por Vos, por Radio con Vos, que la cámara baja le daría sanción a mediados de este año, (entre junio y julio), para luego ser el Senado quién comience a debatirlo.

Una ley no detiene a un asesino, pero entre sanciones claras, justas, alejadas de defensas corporativas, más entrenamiento y reeducación en deberes civiles y derechos humanos, con compromiso de la política, tal vez, esa cifra de una persona cada 20 horas asesinada por violencia institucional, comience a bajar.

El próximo 8 de mayo es el Día Nacional contra la violencia Institucional en Argentina, intentando no olvidar y recordar la “masacre de Budge”, donde tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la policía Bonaerense en el año 1987. Los asesinados fueron Agustín Olivera de 26 años, Oscar Aredes de 19 y Roberto Argañaraz de 24.

Desde Diario Con Vos te seguiremos contando como avanza éste proyecto.