Por Jairo Straccia
Con el debate de las clases presenciales de fondo, que expuso la necesidad de los hogares de contar con acceso a la tecnología, en el Gobierno se cansaron de esperar que las telefónicas ofrezcan el plan básico universal (PBU) lanzado a principios de año.
Por eso, en una reunión que este mediodía encabezará el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con los principales referentes de los gigantes Telecom, Movistar y Claro, les impondrá que si quieren tener nuevos aumentos de tarifas deberán salir agresivamente a vender paquetes de servicios a precios populares.
Puntualmente, desde el Consejo de Políticas Sociales que encabeza Victoria Tolosa Paz, en línea con la secretaria de Innovación Tecnológica, Micaela Sanchez Malcom y a través del Ente Nacional de Comunicaciones que lidera Claudio Ambrosini, se estipulará que las compañías tendrán que hacer llegar proactivamente, a través de un mensaje directo a los posibles interesados, la oferta de dos planes:
- $150 por WhatsApp libre
- $200 por WhatsApp libre, más 1 giga de datos móviles.
En ambos casos, deberán incorporar el acceso gratuito -sin que consuman datos móviles- a todos los dominios de sitios del Estado, los que son finalizados en “gob.ar”. El objetivo oficial es permitir que los sectores más pobres puedan tener un acceso mínimo a la tecnología, sobre todo en momentos de restricciones sanitarias que limitan la circulación y también el dictado de clases presenciales.
En la Casa Rosada reciben a las telefónicas con gesto adusto. Desde el decreto 690 que declaró de interés público el servicio de telecomunicaciones, y más tarde desde que se lanzó el plan básico universal, la expectativa era alcanzar con opciones baratas a un universo de 15 millones de personas.
Los datos del relevamiento oficial es que hasta ahora Movistar vendió 61.500 planes básicos, mientras que Telecom tuvo 1.200 suscritos y Claro 337. Según las empresas, son los clientes los que no los piden. Mal y pronto, para los funcionarios “se hacen los boludos”.
Ahora, el mensaje será directo: buscarán obligarlos a vender planes populares a, al menos, 3 millones de clientes en los próximos 30 días.
“Si no hay PBU, no habrá aumentos”, es el lema con el que recibirán a los ejecutivos de las telefónicas, con las que el Gobierno viene en tensión desde que arrancó. La relación empeoró luego de que las empresas pidieran aumentos del 15 al 20% a fines de 2020, les autorizaran un 5% pero sostuvieran los incrementos a los hogares tras impugnar las regulaciones en la Justicia.
Incluso, algunos de los funcionarios que estarán hoy, llegan con ánimos caldeados porque recibieron llamados a sus teléfonos fijos de avisos de aumentos para abril y mayo del 8 y 7% respectivamente. “Algo que no está autorizado”, se quejan.
El debut de la segmentación
La medida sería anunciada hoy, en el marco también de un congelamiento en el precio de los teléfonos móviles y otros bienes durables hasta el 31 de octubre. El intento es facilitar el acceso a bienes tecnológicos en medio de una escalada de la inflación que corroe el poder adquisitivo en un año de elecciones.
La apuesta es que la mejora del poder de compra, en un punto, salga del balance de las empresas que tienen precios regulados, compañías que por su lado advierten que sacrificarán inversiones.
Porque el relanzamiento de la PBU podría convertirse en un caso testigo de la segmentación en el cobro de los servicios básicos, que podría extrapolarse a la luz, el gas y el agua.
En el Gobierno empiezan a sacarle el jugo al Sintys, el Sistema de Información Nacional Tributaria y Social, que depende de Tolosa Paz y cruza la información de 782 bases de datos no solo de ingresos y prestaciones sociales sino también desde la contratación de servicios médicos o la titularidad de los autos.
“Coordinamos el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismos públicos asegurando su privacidad y confidencialidad de acuerdo a los establecido a la normativa de Protección de Datos Personales”, se presenta el organismo, del que seguramente haya más novedades en poco tiempo, sobre todo cuando avance en el Congreso la prometida ley de emergencia energética.
