El 1 de abril de 2017, Micaela García fue víctima de femicidio en Gualeguay, Entre Ríos. Su asesinato fue perpetrado a manos de Sebastián Wagner, que ya había sido condenado por la violación de dos mujeres previo al hecho pero estaba en libertad condicional. A raíz de este caso, su familia mantuvo viva su memoria y, junto a los movimientos feministas, conquistó la sanción de la Ley Micaela.

La joven entrerriana tenía 21 años y era militante del Movimiento Evita. Hace cuatro años, su violación seguida de femicidio conmocionó a toda la sociedad por los antecedentes del asesino. En el marco de las movilizaciones de Ni Una Menos, la lucha de su padre, Néstor García, y su madre, Andrea Lescano, logró que la Justicia condenara a Wagner a prisión perpetua.

El caso de Micaela tuvo una gran resonancia, entre otros motivos, porque develó la falta de perspectiva de género en todos los ámbitos del Estado. El contexto social y cultural, protagonizado por el auge de los feminismos, permitió que esta problemática se pusiera sobre la mesa y comenzara a discutirse en la agenda pública.

La materialización de esas demandas fue la sanción de la Ley Micaela, en 2018. Su promulgación estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

"Daría mi vida para que esté Mica luchando, para que ella continúe. Me toca seguir acá para construir sus sueños", dijo su mamá tras recibir un premio de la Federación de las Mujeres por la Paz del Cono Sur. "Hoy estoy en esto, en cumplir una ley que no sea solo un papel en un cajón, sino que sea real. Si la Ley Micaela hubiera existido antes, Mica estaría viva. Muchas estarían vivas".