Dentro de dos días perderá su vigencia el decreto que congela los alquileres y suspende los desalojos. Este fue una medida que sacó el gobierno a principios del 2020 como forma de acompañar a las familias inquilinas durante la pandemia. En un primer momento, este iba a durar de marzo a septiembre, cuando recibió una prórroga hasta enero de este año. FInalmente, se extendió hasta el primero de abril.

Ayer, la Federación Nacional de Inquilinos llamó a un "Ruidazo". Le reclamaban al gobierno la extensión de este decreto y la aplicación efectiva de la Ley de Alquileres. Según esta organización, el 80% de los inquilinos se endeudaron el año pasado para pagar sus alquileres, y el 40,4% no sabe donde va a vivir en los próximos meses.

A partir del primero de abril, los inquilinos que se hayan adherido al congelamiento tendrán que pagar los ajustes de los últimos meses. Se pagarán en cuotas mensuales, con un mínimo de tres y un máximo de doce.

Para enfrentar los riesgos que implica el final de esta medida, el gobierno creó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos. Este constituirá un registro de personas en riesgo de ser desalojadas, con el objetivo de darles prioridad en el acceso a viviendas sociales.

Según una encuesta del CELS y la Universidad de San Martín, el 65% de los inquilinos de la capital perdieron ingresos, y el 80% adquirió deuda para pagar el alquiler. Por esta razón, y por que muchos juicios de desalojo comenzaron el año pasado, desde el CELS temen un aumento dramático en los desalojos.

Fernando Muñoz, responsable del Programa de Defensoría del inquilino en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo a Radio Con Vos: “en el futuro inmediato va a haber sentencias de ejecución de desalojos y después una pelea muy fuerte por los precios”.